Por revistaeyn.com
El incremento en los precios de los combustibles provocado por las tensiones y el conflicto en Medio Oriente ha colocado a los gobiernos frente a la necesidad de adoptar medidas para contener el impacto en los consumidores.
En Guatemala, la discusión se concentra en dos alternativas: establecer un subsidio o eliminar temporalmente los impuestos que gravan los combustibles.
El Organismo Ejecutivo impulsa actualmente el Decreto 21-2026, una iniciativa que establece límites a los precios finales de las gasolinas y el diésel en las estaciones de servicio. La propuesta busca reducir el impacto del encarecimiento internacional sobre los consumidores, aunque también ha generado un debate sobre el costo que tendría para las finanzas públicas.
Para Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), eliminar los impuestos puede parecer una salida inmediata, pero implica riesgos de largo plazo para la estructura de ingresos del Estado.
“Los intereses que se crean después de la eliminación de un impuesto son poderosísimos y lo más seguro es que se quita y difícilmente se vuelve a poner”, señaló el economista durante una entrevista.
Maúl explicó que una reducción o eliminación de impuestos puede generar presiones posteriores para extender el beneficio a otros productos, lo que terminaría debilitando progresivamente la base tributaria del país. Además, recordó que los ingresos tributarios ya están contemplados para financiar distintos programas y servicios públicos.
Uno de los efectos concretos, según el economista, sería sobre los recursos vinculados al impuesto de distribución de petróleo. Su eliminación afectaría la disponibilidad de fondos destinados a proyectos de infraestructura vial, entre ellos los relacionados con la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El otro elemento de la discusión es la magnitud del alza. Según Maúl, aun si Guatemala decidiera retirar los impuestos, el alivio para los consumidores sería limitado frente a un escenario de precios elevados.
En un escenario hipotético planteado por Maúl, si el diésel llegara a Q50 por galón (unos US$6.47), eliminar los impuestos podría reducirlo aproximadamente a Q40 (US$5.18).
La discusión, por tanto, trasciende el alivio inmediato en el precio de los combustibles y plantea un dilema fiscal: reducir temporalmente el costo para los consumidores, pero comprometer ingresos públicos, o utilizar mecanismos de apoyo que permitan enfrentar la emergencia sin modificar de forma permanente la estructura tributaria.
Con información de AGN
