Por: Revistaeyn.com
La crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank abrió este jueves una fractura en el poder político de Paraguay. El gobernante Partido Colorado anunció su respaldo a un juicio político contra el presidente Santiago Peña, mientras el titular del Congreso reclamó su renuncia y los legisladores se preparaban para decidir si avanzaban con un procedimiento de destitución.
El giro más significativo llegó desde el propio oficialismo. El expresidente Horacio Cartes, quien preside la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) y fue el principal impulsor de la candidatura presidencial de Peña, anunció públicamente que acompañaría la iniciativa parlamentaria.
“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, sostuvo Cartes en un comunicado difundido en su cuenta de X.
El dirigente afirmó que su partido no respaldará lo que calificó como un despojo de los recursos públicos, privados y de los jubilados. Sus declaraciones constituyen un cuestionamiento político directo a su antiguo aliado, aunque las responsabilidades administrativas y penales vinculadas con la crisis bancaria todavía deben determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
La decisión supone un cambio sustancial en el escenario político paraguayo. Hasta ahora, Peña había contado con el respaldo de la estructura partidaria encabezada por Cartes, una alianza que le permitió sostener una importante base parlamentaria desde su llegada a la Presidencia en agosto de 2023.
Con el pronunciamiento del expresidente, el debate dejó de limitarse a las exigencias de la oposición y pasó a involucrar directamente a la conducción del partido de Gobierno.
La posición de Cartes fue acompañada por el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, otro dirigente del Partido Colorado, quien reclamó la dimisión del mandatario.
Núñez advirtió que, si Peña no renuncia, respaldará el juicio político como mecanismo para restablecer la institucionalidad y proteger los intereses de los depositantes afectados.
Su declaración amplía el alcance de la ruptura dentro del oficialismo, ya que involucra tanto a la conducción partidaria como a una de las principales autoridades del Poder Legislativo.
La presión política también comenzó a reflejarse en movimientos dentro de la Cámara de Diputados. El legislador oficialista Alejandro Aguilera anunció que respaldaría la acusación contra Peña y presentó su renuncia al cargo de vice líder de su bancada.
Aguilera justificó su decisión en la necesidad de esclarecer las responsabilidades derivadas de la crisis financiera y preservar la confianza en las instituciones.
No obstante, el respaldo de dirigentes y legisladores al juicio político no equivale automáticamente a contar con los votos necesarios para destituir al presidente. Esa definición depende del procedimiento constitucional y de la correlación de fuerzas en ambas cámaras.
Congreso debate un juicio político que podría cambiar el Gobierno
La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión extraordinaria este jueves para analizar los pedidos de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Las acusaciones presentadas por sectores opositores se relacionan con presuntos conflictos de intereses, irregularidades regulatorias y responsabilidades políticas por la situación de Ueno Bank.
Entre los cuestionamientos figura la relación comercial previa de Peña con empresarios vinculados a la entidad financiera y las circunstancias en que los organismos supervisores permitieron su expansión.
La existencia de esos vínculos y las denuncias formuladas por los legisladores no constituyen por sí mismas una demostración de responsabilidad del presidente en las irregularidades investigadas.
Conforme al procedimiento constitucional paraguayo, la Cámara de Diputados debe reunir una mayoría de dos tercios de los presentes para formular la acusación y remitirla al Senado, órgano al que corresponde juzgar y eventualmente destituir al mandatario.
La composición de la Cámara y la asistencia a la sesión determinarán la cantidad exacta de votos requeridos.
La crisis también abrió diferencias sobre la salida institucional. Mientras algunos dirigentes defienden la renuncia presidencial como alternativa para resolver el conflicto, otros reclaman que las responsabilidades sean examinadas mediante el procedimiento de juicio político.
El senador Ramón Retamozo, por ejemplo, expresó su rechazo a una eventual renuncia como mecanismo alternativo y sostuvo que debe avanzarse por la vía parlamentaria.
Por ahora, la incertidumbre se concentra en tres interrogantes: si Peña presentará su dimisión, si los diputados reunirán los votos para impulsar formalmente la acusación y qué ocurrirá con la continuidad del Gobierno si prospera alguno de esos escenarios.
De la caída de Ueno Bank a una crisis nacional
El detonante de la crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad privada que había experimentado una acelerada expansión de sus operaciones y que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
El organismo regulador adoptó la medida después de determinar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
Según el comunicado oficial del BCP, la resolución adoptada el 2 de noviembre respondió al deterioro financiero de la entidad, identificado durante un proceso de regularización de sus estados contables. El banco central sostuvo que se trataba de un problema particular de Ueno y no de una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La decisión provocó el cierre de las operaciones de la entidad y dificultades de acceso a los fondos para sus clientes, además de una creciente incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos.
El impacto adquirió una dimensión particularmente delicada por la presencia de recursos públicos en el banco.
Entre ellos figuran inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene aproximadamente US$355 millones colocados en Ueno Bank, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades. La entidad también participa en la gestión de pagos de pensiones a unos 32.000 jubilados.
La Asociación de Bancos del Paraguay ha defendido la solidez y liquidez del conjunto del sistema, mientras la Unión Industrial Paraguaya reclamó el esclarecimiento de las irregularidades y una revisión de las responsabilidades de supervisión.
Aunque la autoridad monetaria insiste en que la situación de Ueno Bank no refleja un problema generalizado, la crisis plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles prudenciales y la capacidad institucional para prevenir conflictos de intereses.
Para los inversionistas, la evolución del caso será relevante en dos dimensiones: la rapidez con que se resuelva la situación de los depositantes y la estabilidad política que Paraguay logre preservar durante el proceso.
Con información de EFE, ABC Color, Última Hora, y Banco Central del Paraguay.
