Por revistaeyn.com
"El país sigue trabajando para fortalecer el sistema de cooperación fiscal internacional", esto dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, tras conocerse que la Unión Europea mantiene al país en la lista negra de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
A tales efectos se han establecido unas mesas de trabajo interinstitucionales en las que participa junto al MEF, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos no Financieros y el Registro Público entre otros, quienes trabajan de manera coordinada en la referida tarea, según detalla.
Asimismo explicó que Panamá mantiene comunicación constante y constructiva con la Secretaría del Grupo del Código de Conducta (COCG por sus siglas en inglés), encargada de realizar las evaluaciones y determinar los avances de los países en esta materia.
"Recientemente, el Gobierno Nacional reafirmó formalmente su compromiso con el COCG respecto a la implementación de los principios de buena gobernanza fiscal comprometiéndose a solicitar una revisión país al Foro Global antes del 17 de julio de 2026, compromiso esté que ha sido reconocido por el Consejo de la Unión Europea en su comunicado del día de hoy", apunta la entidad panameña.
La lista de la UE, en concreto, está formada por Samoa Americana, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu, según informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución en la que están representados los Estados miembros.
"Nuestro objetivo es seguir trabajando de manera coordinada con los organismos internacionales, la Comunidad Europea y el país, para que se reconozca nuestro compromiso con la transparencia y cooperación fiscal internacional", concluye en un comunicado emitido este 18 de febrero.
La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
