Por: Revistaeyn.com
Según información oficial difundida este viernes 2 de octubre, la OEA estableció que el principal instrumento de seguimiento a las medidas adoptadas en relación a Nicaragua será un grupo ministerial voluntario encargado de buscar diálogo y presentar recomendaciones en un plazo de hasta 60 días.
El acuerdo combina exigencias concretas con una vía diplomática.
El grupo procurará conversar con las autoridades nicaragüenses y con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición y las comunidades en el exilio. También buscará realizar una visita al país.
Las recomendaciones deberán contener acciones diplomáticas y jurídicas que excluyan el uso de la fuerza.
La decisión se adoptó en una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, un mecanismo de la OEA para atender asuntos urgentes de interés común.
El organismo convocó el encuentro ante el deterioro institucional nicaragüense y la necesidad de examinar respuestas colectivas.
Las exigencias a Managua
La resolución adoptada por la OEA reclama puntualmente:
• Liberar incondicionalmente a los presos políticos e informar sobre el paradero y estado de las personas desaparecidas.
• Devolver la nacionalidad y los derechos asociados a quienes fueron despojados de ella, y garantizar su retorno voluntario y seguro.
• Recuperar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión; permitir la reapertura de medios, universidades y organizaciones clausuradas.
• Restablecer la separación de poderes, la independencia institucional y el pluralismo, revirtiendo las disposiciones que los vulneran.
• Crear condiciones para elecciones libres e inclusivas, con autoridad electoral independiente y observación internacional.
• Restituir bienes confiscados arbitrariamente o proporcionar compensación cuando la devolución no sea posible.
Brasil, México y la disputa por el alcance del texto
El consenso final estuvo precedido por diferencias sobre cómo abordar la dimensión internacional de la crisis.
Brasil, México y Uruguay objetaron disposiciones del borrador relativas a personal y capacidades de seguridad procedentes de fuera del hemisferio, así como referencias a minería ilegal y delincuencia transnacional. Invocaron el principio de no injerencia. Esos pasajes apuntaban a vínculos de Managua con China, Rusia e Irán.
La versión inicial reclamaba retirar personal y capacidades cuya presencia amenazara la seguridad hemisférica y poner fin a acuerdos de defensa relacionados.
Las objeciones limitaron el alcance de ese planteamiento durante la negociación.
Sin embargo, la posición brasileña requiere una precisión. CNN Brasil informó que Brasil respaldaba demandas como la liberación de presos, la devolución de la nacionalidad y la recuperación de libertades. Su preocupación era que las referencias a amenazas hemisféricas pudieran utilizarse para justificar medidas coercitivas ilegales o el uso de la fuerza.
Brasil tampoco mantiene una relación diplomática fluida con Ortega: tras la expulsión de su embajador y la respuesta recíproca brasileña, los canales entre ambos gobiernos quedaron congelados, según esa fuente.
El texto aprobado conserva una exigencia sobre cooperación internacional: interrumpir actividades de seguridad, tecnología e intercambio de información que faciliten vigilancia, represión o violaciones de derechos humanos y excluir personal extranjero asociado a actividades ilícitas en ese contexto.
AFP informó además que Brasil y Uruguay dejaron reservas sobre el lenguaje que vincula las acciones del régimen con riesgos para la paz y la seguridad regional.
Una crisis que trasciende las fronteras
La discusión tiene un trasfondo global: Estados Unidos pone el acento en la presencia de China y Rusia en ámbitos como defensa y minería, mientras otros gobiernos buscan evitar que esa competencia determine una respuesta coercitiva contra Managua.
Esa divergencia coexistió con el acuerdo sobre derechos humanos.
Para Centroamérica, la dimensión regional también se expresa en la represión transnacional y la migración forzada. La CIDH advirtió en agosto que ambos fenómenos generan desafíos de seguridad para otros países y que las reformas nicaragüenses profundizan la concentración del poder y reducen las posibilidades de alternancia.
Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023. Los países reunidos recordaron, sin embargo, que esa salida no extingue sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El alcance inmediato del acuerdo es diplomático: organizar interlocución, evaluar la situación y recomendar próximos pasos. Su eficacia dependerá de que los gobiernos sostengan el seguimiento y de que Managua permita avances verificables.
El consenso sobre las exigencias ya existe; sigue abierta la discusión sobre cómo conseguir que se cumplan.
Con información de EFE, AFP, Confidencial, CNN Brasil y documentos de la OEA y la CIDH.
