Por revistaeyn.com
Las protestas y huelgas que desarrollan grupos sindicales en desacuerdo con la administración del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está causando un impacto económico del país por el orden de los US$100 millones por día, según estimaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
“No podemos tolerar más cierres de calles ni colegios cerrados. No podemos aceptar que unos pocos condenen a nuestros jóvenes”, declaró Gabriel Diez, presidente del Conep.
Sindicatos y gremios docentes se tomaron las calles con marchas y concentraciones en distintos puntos del país en rechazo a la Ley 462 que, denuncian, “privatiza” la Caja de Seguro Social, y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que tachan de ceder soberanía y la construcción de bases militares extranjeras.
Distintos lugares de la ciudad de Panamá como vía Israel, vía Cincuentenario, el corredor Sur, vía Centenario, Transístmica y calle 50, tenían presencia de miembros de organizaciones populares, que en algunos casos hicieron marchas y en otros cierres de calles.
Hubo algunos enfrentamientos entre trabajadores del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y miembros de la Policía.
Se registraron protestas de docentes en la provincia de Coclé, con cierres a la altura de Penonomé, e intervención policial.
También en Colón, a la altura de los Cuatro Altos, hubo concentraciones y choques con la Policía. En tanto que en Chiriquí, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes.
En Veraguas hubo reporte de una importante concentración de la Asociación de Educadores Veragüenses, que terminó en enfrentamientos con la Policía y algunos detenidos.
Igualmente hubo manifestaciones en Herrera y en la provincia de Darién.
“El gobierno en 10 meses ha llevado a una incertidumbre y cada vez que el presidente habla es para querer meter miedo a la población”, dijo Yamir Córdoba, vocero del Suntracs.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, rechazó el llamado a huelga del Suntracs, calificándola de “ilegal” y advirtiendo que el Mitradel “no permitirá” lo que denominaron acciones que amenacen la “estabilidad económica”.
Con información de La Estrella de Panamá
