Por: Revistaeyn.com -EFE
Las primeras horas del Gobierno de Abelardo de la Espriella quedaron marcadas por tres hechos que anticipan la centralidad que tendrá la seguridad en su administración: la promesa de combatir directamente al narcotráfico, el anuncio de un paquete estadounidense de US$1.000 millones y un atentado contra infraestructura vial en el suroeste de Colombia.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia para el periodo 2026-2030, declaró agotada la vía del diálogo con los grupos armados ilegales y prometió recuperar el control territorial mediante una política de mayor presión militar y policial.
“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, afirmó posteriormente el mandatario al reaccionar al ataque con explosivos que destruyó un peaje en construcción en la Vía Panamericana.
El atentado, cuyos autores todavía no han sido identificados, es el primero conocido desde el inicio del nuevo Gobierno y ocurrió apenas un día después de la investidura presidencial.
Colombia retomará las fumigaciones de cultivos ilícitos
Durante su primer discurso como jefe de Estado, pronunciado en el Cantón Militar Pichincha, en Cali, De la Espriella aseguró que comenzaba una etapa de “recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.
El mandatario anunció que su Gobierno retomará las fumigaciones contra los cultivos ilícitos mediante “herbicidas de última generación”, que —según sostuvo— no afectarían la salud humana ni el medioambiente y cumplirían con las disposiciones de la Corte Constitucional.
También prometió construir “megacárceles” para recluir a quienes representen una mayor amenaza para la seguridad y advirtió que los integrantes de organizaciones criminales tendrán dos opciones: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado.
La estrategia supone un giro frente a los procesos de negociación impulsados por gobiernos anteriores. De la Espriella afirmó que la opción del diálogo está “completamente agotada” y reiteró su intención de combatir “sin tregua” al narcotráfico y a las organizaciones armadas.
Colombia registraba al cierre de 2024 unas 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, un aumento del 3,5 % frente a 2023, según el informe más reciente citado por EFE de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
EE.UU. prepara US$1.000 millones para seguridad
La nueva política colombiana encontró una respuesta inmediata en Washington. El Departamento de Estado informó que prevé destinar US$1.000 millones a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad.
La Administración de Donald Trump indicó que el programa será coordinado con el Congreso estadounidense y constituirá una de las bases de una “renovada alianza” entre ambos países. El anuncio representa, por ahora, una intención que todavía deberá transitar el proceso político y presupuestario correspondiente en Estados Unidos.
El paquete contempla tecnología estadounidense para fortalecer a las fuerzas de seguridad colombianas, elevar su capacidad operativa y desarrollar acciones coordinadas con fuerzas de EEUU.
También busca ampliar la erradicación de cultivos de coca, reforzar las operaciones de interdicción de cocaína y perseguir las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales.
Washington ofreció además cooperación para recuperar territorios controlados por grupos armados, proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y contener la migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza.
La renovada relación bilateral podría extenderse más allá de la seguridad. El Departamento de Estado mencionó áreas de cooperación económica como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil.
Un atentado golpea una ruta estratégica
La promesa de recuperar el control territorial enfrentó rápidamente su primera prueba.
Durante la madrugada del sábado, un grupo no identificado instaló y detonó explosivos en un peaje en construcción ubicado en el sector de Mondomo, sobre la Vía Panamericana, entre Popayán, en el departamento del Cauca, y Cali, en el Valle del Cauca.
La explosión destruyó la infraestructura y obligó a restringir el tránsito, aunque las autoridades no reportaron víctimas. El peaje se encontraba en la fase final de reconstrucción y ya había sido afectado en ocasiones anteriores.
El ataque tiene una dimensión económica debido a la importancia de la Vía Panamericana para la movilidad de personas y mercancías en el suroeste colombiano. Las alteraciones en este corredor pueden afectar la logística, los tiempos de transporte y la conexión entre centros productivos y urbanos.
De la Espriella calificó el hecho como un atentado terrorista y sostuvo que atacar la infraestructura equivale a afectar “el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”.
Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido la acción y las autoridades no han identificado a sus responsables. Por esa razón, todavía no es posible vincular el atentado con un grupo armado específico ni establecer que haya sido una respuesta directa a los anuncios presidenciales.
El comienzo del nuevo Gobierno colombiano plantea así una tensión inmediata: De la Espriella cuenta con el respaldo político y financiero de Washington para ejecutar su estrategia de seguridad, pero deberá demostrar que esa ofensiva puede traducirse en control territorial y protección efectiva de la infraestructura crítica sin agravar la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto.
