POR EFE
El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) advirtió este lunes de las "graves objeciones legales y constitucionales" de una iniciativa legislativa en Panamá para amnistiar a sentenciados y procesados por corrupción, bajo la "excusa" de tratarse de supuestos delitos políticos, sumándose así a la alarma mostrada por otros sectores de la sociedad de este país centroamericano.
"La iniciativa abre peligrosamente la puerta a la impunidad, no solo para actores políticos señalados por corrupción, sino para cualquier condenado que intente justificar sus crímenes simulando motivaciones de 'persecución política', la trillada excusa cuando la justicia alcanza a los corruptos", afirmó en un comunicado Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI.
La organización divulgó esta nota el mismo día que presentó una carta formal a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento), en la que hacen un análisis jurídico sobre un proyecto que "busca extender beneficios de amnistía a delitos claramente comunes como peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, tergiversando su naturaleza para hacerlos pasar por delitos políticos".
"Esto contraviene lo establecido por la Constitución, el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", señaló, advirtiendo además que "la aprobación de este proyecto pondría a Panamá en conflicto con tratados internacionales contra la corrupción y afectaría la cooperación judicial internacional".
La propuesta de ley fue presentada por el diputado del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo 'Bolota' Salazar, aunque este colectivo se distanció explicando en un comunicado que la iniciativa "no fue presentada" por su bancada en la Asamblea Nacional, "ni responde a una agenda colectiva del partido".
La iniciativa comenzó a ser analizada la semana pasada en la comisión legislativa de Gobierno, que es la instancia donde se da el primero de los tres debates obligatorios para la aprobación legislativa.
Al sustentarla, el diputado Salazar dijo que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), sentenciado a más de diez años de cárcel por blanqueo, es un "perseguido político", una víctima de la "justicia mala", y que cualquiera de sus colegas legisladores podría serlo también en un futuro.
Transparencia Internacional, que dirigió la carta este lunes a Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, pidió a los diputados "rechazar esta iniciativa por ser manifiestamente inconstitucional y contraria al Estado de Derecho".
Camacho es además portavoz de Martinelli y actual diputado en la Asamblea Nacional por su partido Realizando Metas (RM), la formación gobernante.
Martinelli, condenado a más de diez años por la compra de medios con dinero público en el caso conocido como 'New Business', está refugiado desde hace más de un año en la Embajada de Nicaragua en Panamá para evitar la cárcel.
Martinelli, dos hijos suyos -Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares- y el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019) están además entre los cerca de 30 acusados de blanqueo por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyo juicio ha sido reprogramado varias veces, la última para finales de este año.
