Por Javier Arguello Lacayo*
Es comprensible que la caída de Nicolás Maduro despierte emoción y esperanza. Para muchos venezolanos encarcelados, desterrados, empobrecidos u obligados a emigrar, representa la posibilidad —largamente postergada— de que Venezuela comience a liberarse de un régimen autoritario que ha acelerado la destrucción económica e institucional del país desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.
Aquel proyecto no solo empobreció a Venezuela al debilitar el capitalismo y la gobernabilidad democrática, sino que también contribuyó a reconfigurar el mapa autoritario de la región, apoyando el retorno de Daniel Ortega en Nicaragua. Ortega ha replicado un modelo que sustituye las instituciones democráticas por la represión, la criminalidad y la corrupción. No sorprende, entonces, que los acontecimientos recientes en Venezuela alimenten silenciosamente las aspiraciones de millones de nicaragüenses que, aunque privados del derecho a manifestarse, no han renunciado a su anhelo de libertad.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos interviene en América Latina. Y, sin embargo, cada generación insiste en que esta intervención es diferente.
Diferentes enemigos. Diferente lenguaje. Diferentes justificaciones.
Sin embargo, la historia sigue llegando al mismo lugar, incluso cuando adopta nuevos discursos.
EL MODELO MODERNO COMIENZA EN IRÁN.
En 1953, Estados Unidos y el Reino Unido impulsaron el derrocamiento de Mohammad Mossadegh, primer ministro democráticamente electo de Irán, después de que nacionalizara la industria petrolera. La operación, conocida como Operation AJAX, fue el primer golpe de Estado exitoso coordinado por la Central Intelligence Agency (CIA), y sentó un precedente duradero sobre cómo responder a proyectos de soberanía económica considerados inaceptables.
La justificación pública se centró en el temor al comunismo y a la influencia soviética. La causa subyacente fue más concreta. Mossadegh afirmó el control soberano sobre un recurso estratégico central para el poder industrial y geopolítico occidental. La Operación AJAX lo removió y sustituyó la incertidumbre por previsibilidad. Irán mantuvo su soberanía formal, pero su política energética y de seguridad quedó estrechamente alineada con los intereses de Estados Unidos.
Lo que siguió dejó claro que no se trataba de una anomalía.
En 1954, Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Jacobo Árbenz, presidente democráticamente electo de Guatemala, tras impulsar una reforma agraria que expropiaba tierras improductivas en manos de la United Fruit Company. Se ofreció compensación basada en el valor fiscal declarado. Una vez más, la justificación fue ideológica. Y una vez más, el resultado fue estructural. El poder pasó a élites locales dispuestas a revertir las reformas, restaurar condiciones favorables a la inversión extranjera y mantener un alineamiento confiable con Washington. Guatemala no fue anexada. Se convirtió, en la práctica, en un Estado cliente.
El patrón se vuelve aún más claro cuando observamos no solo a los reformistas que fueron derrocados, sino también a los dictadores que fueron sostenidos. Rafael Trujillo no necesitó ser instalado por Estados Unidos. Tomó el poder en la República Dominicana en 1930 y gobernó durante tres décadas como uno de los regímenes más brutales del hemisferio. Aun así, fue tolerado, respaldado y armado por Washington. ¿Por qué? Porque era útil. Garantizaba estabilidad, reprimía movimientos laborales y de izquierda, protegía intereses comerciales estadounidenses y se alineaba de forma confiable con las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Su brutalidad no era un defecto: era una garantía de previsibilidad.
Trujillo no fue una excepción. Forma parte de una genealogía que incluye a Anastasio Somoza, Manuel Noriega y Saddam Hussein. Todos gobernaron mediante represión, corrupción y poder personalista. Todos fueron sostenidos por Washington mientras resultaron útiles, complacientes y previsibles. Y todos fueron finalmente removidos no por un despertar moral, sino porque se convirtieron en pasivos: demasiado inestables, demasiado costosos o demasiado independientes. El estatus de Estado cliente es siempre condicional.
En conjunto, estos casos revelan una regla persistente. La intervención no responde principalmente al tipo de régimen ni a fallas morales, sino a quién puede ser considerado confiable para administrar activos estratégicos bajo términos aceptables.
ESA LÓGICA NO HA DESAPARECIDO. HA EVOLUCIONADO.
Hoy, Venezuela suele describirse en términos de criminalidad, colapso y crisis humanitaria. Esas realidades existen. Pero no explican el ímpetu de la política exterior de Trump. El rasgo estructural decisivo de Venezuela es que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y ha insistido durante décadas en mantener control soberano sobre ellas.
Declaraciones recientes hacen esta lógica de alineamiento inusualmente explícita. Donald Trump anunció que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, había sido juramentado como presidente interino y subrayó que había conversado con el secretario de Estado Marco Rubio y que estaba “dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”. En otra entrevista con The Atlantic, Trump advirtió que Rodríguez “pagará un precio muy alto” si no “hace lo correcto” y coopera con la intervención estadounidense, sugiriendo que podría enfrentar un destino similar al de Nicolás Maduro si no se alinea con los intereses de Washington.
La relevancia de estas palabras no reside en que determinen un desenlace, sino en que hacen explícita la lógica operativa: la asociación es condicional y la soberanía se vuelve negociable cuando están en juego activos estratégicos.
Esto ayuda a explicar una tensión que a menudo se malinterpreta. Figuras como María Corina Machado, que han defendido de forma consistente la legitimidad democrática, la reconstrucción institucional y un capitalismo transparente, parecen a primera vista socios naturales para potencias externas. Históricamente, no lo son. Los reformistas que priorizan el Estado de derecho y la soberanía nacional resultan más difíciles de presionar, más complejos de administrar y menos dispuestos a sacrificar la integridad institucional a cambio de alineamientos transaccionales de corto plazo. En contraste, las élites incrustadas en las estructuras de poder existentes—especialmente aquellas que están personal y políticamente expuestas—ofrecen previsibilidad. No se trata de un juicio moral, sino de incentivos.
Esta historia aclara lo que hoy suele malinterpretarse. La pregunta no es si Venezuela será democrática o autoritaria. Las potencias externas han trabajado cómodamente con ambos tipos de regímenes. La pregunta es si quienes gobiernen serán útiles, complacientes y previsibles. Las potencias externas prefieren élites obedientes, no buena gobernanza.
NO SE TRATA DE CONSPIRACIONES. SE TRATA DE INCENTIVOS.
El peligro no es la hipocresía. La hipocresía es permanente. El peligro es la confusión.
Cuando se confunde la justificación con el motivo, el poder se vuelve invisible. Y cuando el poder se vuelve invisible, la historia parece sorprendente incluso cuando se repite.
Nunca se trató solo del comunismo. No se trata solo del crimen. Siempre se trató de quién controla lo que importa.
*El autor fue el Director Ejecutivo fundador de FUNIDES (Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Económico y Social)
Notas:
1. Abrahamian, E. (2013). The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.–Iranian Relations.
2. Kinzer, S. (2003). All the Shah’s Men.
3. Gleijeses, P. (1991). Shattered Hope.
4. Schlesinger, S. & Kinzer, S. (1982). Bitter Fruit.
5. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics.
6. Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics.
7. Krasner, S. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy.
8. Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail.
9. OPEC Statistical Bulletin; BP Statistical Review of World Energy.
10. Public statements and interviews by Donald J. Trump, including interviews with The Atlantic.
