Por revistaeyn.com / EFE
La crisis venezolana ingresó en una fase de alto voltaje internacional tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Nueva York, acusado de narcoterrorismo. El episodio desató un duro cruce diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington rechazó las acusaciones de agresión, mientras la Secretaría General del organismo reclamó respeto irrestricto al derecho internacional.
Ante el Consejo, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, negó que su país esté en guerra contra Venezuela o que haya iniciado una ocupación. “No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, sostuvo, al defender la captura de Maduro como una “acción policial” contra “un narcotraficante” que, según afirmó, no era un jefe de Estado legítimo.
Waltz aseguró que Maduro y su entorno “manipularon el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder” y defendió la actuación de Washington como parte de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses frente al narcoterrorismo. Además, afirmó que el presidente Donald Trump había ofrecido “múltiples salidas diplomáticas” antes de ordenar la operación.
Reclamo de la ONU y advertencias regionales
La respuesta desde Naciones Unidas fue inmediata. El secretario general António Guterres, a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, expresó su “profunda preocupación” por la acción militar estadounidense y recordó que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
Guterres advirtió además sobre el riesgo de una intensificación de la inestabilidad interna en Venezuela y el impacto regional del conflicto, e instó a promover un diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos y la soberanía popular. La ONU confirmó que la operación afectó a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque aún no se conoce el número de víctimas.
Condenas de China, Rusia y Colombia
Durante la sesión, Colombia, China y Rusia condenaron la operación estadounidense. La representante colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata, afirmó que la detención de Maduro “viola el derecho internacional y la Carta de la ONU”, y sostuvo que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza.
Desde Moscú, el embajador Vasily Nebenzya calificó la acción como un “acto de agresión” y acusó a Estados Unidos de aplicar de forma selectiva el llamado orden mundial basado en reglas, con consecuencias negativas para la estabilidad internacional. China, en la misma línea, denunció que Washington “pisoteó la soberanía venezolana” y advirtió sobre riesgos para la paz regional en América Latina y el Caribe.
Israel e Irán: intereses cruzados
La crisis venezolana también activó posicionamientos fuera del eje americano. Israel respaldó abiertamente la operación estadounidense y acusó al régimen de Maduro de haber utilizado Venezuela como plataforma para el lavado de dinero y el narcotráfico en beneficio de Hizbulá, con respaldo de Irán. La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que Venezuela forma parte del “eje del terror iraní” y que albergó operaciones y producción de armas vinculadas a Teherán.
En sentido opuesto, Irán exigió la liberación inmediata e incondicional de Maduro, calificando su detención como “completamente ilegal”. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, denunció el operativo como un secuestro que viola el derecho internacional.
La detención de Maduro no solo profundiza la crisis política venezolana, sino que reconfigura el tablero geopolítico, tensiona el sistema multilateral y expone con nitidez los intereses estratégicos de las grandes potencias en América Latina, en un escenario que continúa evolucionando y cuyos impactos internacionales aún están lejos de estabilizarse.
