Por: Revistaeyn.com
Cinco vallas publicitarias con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instaladas en carreteras próximas a Oviedo, desencadenaron una controversia política en Asturias que trascendió rápidamente el carácter particular de la iniciativa.
Los carteles muestran al mandatario salvadoreño con la banda presidencial, en actitud de saludo militar y frente a la bandera salvadoreña. La imagen está acompañada por la inscripción “Nayib Bukele, presidente universal”.
Según informó la Agencia EFE, las vallas fueron financiadas por Tino Vidal, un empresario publicitario asturiano de 71 años que expresó públicamente su admiración por el presidente de El Salvador.
Vidal sostuvo que otros gobernantes deberían tomar nota de la gestión salvadoreña y destacó especialmente la política aplicada contra las pandillas.
No se trata, por lo tanto, de una campaña del Gobierno de El Salvador ni de una acción promovida por un partido político español. Es una iniciativa privada que, sin embargo, terminó incorporándose al debate partidario.
El concejal socialista de Oviedo Juan Álvarez interpretó los carteles como una manifestación de “culto al líder” y de fascinación por el autoritarismo. Su publicación recibió la respuesta de Macarena Olona, exdirigente de Vox, quien lo invitó a conocer lo que denominó el “Modelo Bukele de Seguridad”.
También intervino la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. La concejala defendió la actuación del presidente salvadoreño frente a las organizaciones criminales y cuestionó que su figura sea asociada de manera automática con el autoritarismo. Álvarez replicó que los indicadores generales de seguridad de Asturias son más favorables y estables que los de El Salvador.
El intercambio continuó en las redes sociales, donde la discusión dejó de centrarse en el origen de las vallas para trasladarse hacia dos asuntos más amplios: la eficacia de las políticas de seguridad y los límites institucionales que deben respetar los gobiernos al aplicarlas.
La transformación de la seguridad salvadoreña
Bukele gobierna El Salvador desde 2019. Su principal carta de presentación internacional ha sido la reducción de la violencia atribuida a las pandillas, que durante décadas controlaron territorios, cobraron extorsiones y condicionaron la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
La Policía Nacional Civil salvadoreña informó que el país registró 82 homicidios en 2025, equivalentes a una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. En 2015, esa tasa había superado los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Las autoridades atribuyen el descenso al Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Desde entonces, más de 90.000 personas fueron detenidas, de acuerdo con datos oficiales de la Policía salvadoreña.
La magnitud de la reducción constituye un cambio verificable en la realidad del país, aunque existen controversias sobre la metodología utilizada en las estadísticas oficiales y sobre el acceso independiente a la información.
Al mismo tiempo, organismos internacionales y entidades defensoras de los derechos humanos cuestionan la prolongación del régimen de excepción y la creciente concentración del poder político.
Human Rights Watch reconoce que la violencia de las pandillas disminuyó de manera marcada, pero advierte que la política de seguridad estuvo acompañada por violaciones generalizadas de derechos y por un debilitamiento de los controles institucionales.
El Gobierno salvadoreño rechaza estas críticas y sostiene que las medidas extraordinarias fueron necesarias para recuperar territorios y proteger a la población.
De una experiencia nacional a una referencia exterior
La controversia asturiana resulta significativa porque muestra que la discusión ya no se limita a El Salvador.
El denominado “modelo Bukele” comenzó a ser invocado en otros países como respuesta posible frente al crimen organizado, la inseguridad y la pérdida de control territorial. Sus partidarios ponen el acento en los resultados: reducción de homicidios, desarticulación de pandillas y recuperación del espacio público. Sus críticos advierten que trasladar esa experiencia sin considerar las garantías constitucionales puede normalizar la concentración del poder y la suspensión prolongada de derechos.
Por eso, el debate no necesariamente exige elegir entre presentar a Bukele como un gobernante ejemplar o describirlo únicamente como una amenaza autoritaria. La cuestión de fondo es qué componentes de una política pública pueden considerarse eficaces, cuáles resultan compatibles con un Estado de derecho y hasta qué punto una experiencia desarrollada en condiciones nacionales específicas puede reproducirse en otros países.
