Por: Revistaeyn.com
La seguridad se ha convertido en una de las principales pruebas para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y en una preocupación creciente para el sector empresarial guatemalteco.
El Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026), celebrado el jueves 8 de octubre, dejó en evidencia que, aun cuando existen avances en la lucha contra determinadas actividades criminales, persiste una brecha entre los resultados que presentan las autoridades y las condiciones que demandan las empresas para invertir y operar.
Ante los principales representantes del empresariado, Arévalo defendió su estrategia de seguridad, destacó la reducción de las extorsiones y anunció medidas para fortalecer la Policía Nacional Civil, modernizar el sistema penitenciario y combatir el crimen organizado.
Los empresarios, por su parte, reconocieron avances económicos e institucionales, pero advirtieron que Guatemala continúa pagando un elevado costo por la violencia, la debilidad del sistema de justicia y las dificultades para convertir los compromisos públicos en resultados sostenibles.
La discusión se produjo en un momento importante para la economía del país. Guatemala conserva estabilidad macroeconómica, registra crecimiento y busca consolidar su posición como destino de inversiones. Sin embargo, la inseguridad sigue apareciendo como una variable que incrementa los costos empresariales, condiciona decisiones de inversión y limita oportunidades de empleo.
La contradicción aparente es el núcleo de la discusión: Guatemala puede mostrar mejoras en algunos indicadores de seguridad y, al mismo tiempo, mantener vulnerabilidades que afectan la actividad productiva y la vida cotidiana.
El ENADE dejó, además, un compromiso conjunto: reducir la tasa de homicidios de aproximadamente 16 a ocho por cada 100.000 habitantes para 2036, mediante una mayor coordinación entre las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar los delitos.
La argumentación defensiva del presidente Arévalo
El presidente guatemalteco acudió al encuentro empresarial con un balance de su política de seguridad y un mensaje centrado en la necesidad de consolidar los avances.
Uno de los datos que más destacó fue la reducción del 40% en las extorsiones, un delito que afecta especialmente a comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y familias.
Arévalo atribuyó ese resultado a operaciones contra pandillas y estructuras criminales, así como a una estrategia que combina inteligencia, tecnología y coordinación institucional.
También informó que, entre enero y septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad realizaron más de 2.290 capturas relacionadas con el narcotráfico, detuvieron a 750 integrantes de pandillas y aprehendieron a 38 personas requeridas por la justicia internacional.
En el mismo período fueron incautadas más de diez toneladas de drogas. Desde el inicio de su administración, según el balance oficial, la cantidad decomisada y destruida asciende a 36 toneladas, con un impacto económico estimado por el Gobierno en más de Q3.500 millones para las estructuras del narcotráfico.
En materia policial, el mandatario indicó que durante su gestión se graduaron 9.316 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil y que la meta es incorporar 12.000 antes de finalizar su administración. También anunció la incorporación de más de mil patrullas y mil motocicletas antes de concluir 2026, además de inversiones en equipamiento e infraestructura policial.
Los resultados fueron presentados como evidencia de que el Estado está recuperando capacidades para enfrentar organizaciones delictivas.
Fundesa reconoce avances y sostiene demandas
El mensaje del empresariado durante ENADE combinó reconocimiento y exigencia.
José Miguel Torrebiarte, presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), destacó la estabilidad económica del país y los progresos alcanzados en materia de seguridad durante los últimos años.
Recordó que la tasa de homicidios, que en 2009 superaba los 46 por cada 100.000 habitantes, se sitúa actualmente alrededor de 16. Sin embargo, advirtió que ese proceso de reducción perdió dinamismo y que Guatemala necesita identificar las fallas que impiden avanzar hacia niveles de seguridad más favorables.
Su diagnóstico puso especial atención en las debilidades estructurales del sistema de justicia y seguridad.
Según las cifras expuestas en el encuentro, Guatemala cuenta con aproximadamente cinco agentes de seguridad privada por cada integrante de la Policía Nacional Civil. El sistema penitenciario, con unas 24.000 personas privadas de libertad, opera bajo condiciones de sobrepoblación y con recursos insuficientes.
Torrebiarte también llamó la atención sobre la falta de financiamiento del sector justicia y la necesidad de que las instituciones compartan información y asuman responsabilidades comunes.
El diagnóstico revela uno de los principales problemas del sistema: no basta con incrementar las capacidades policiales si las investigaciones, los procesos judiciales y el control penitenciario mantienen deficiencias.
Para el sector empresarial, el fortalecimiento institucional es una condición para que la estabilidad económica pueda traducirse en mayores niveles de inversión.
Advertencia de la AmCham
La preocupación empresarial adquirió una dimensión directamente económica con las declaraciones de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).
Su directora ejecutiva, Waleska Sterkel de Ortíz, advirtió que los costos asociados a la inseguridad no recaen únicamente sobre las empresas que son víctimas de delitos. La necesidad de contratar seguridad privada, proteger mercancías y asumir pérdidas por robos y otras actividades criminales incrementa los gastos de operación. Esos costos pueden trasladarse a los precios finales de bienes y servicios, afectando también a los consumidores.
El planteamiento es especialmente relevante para una economía donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan una parte importante del tejido productivo.
A diferencia de las grandes corporaciones, que pueden distribuir los gastos de seguridad entre múltiples operaciones, los negocios de menor tamaño tienen una capacidad más limitada para absorber pérdidas o incrementar sus inversiones en protección.
La inseguridad también modifica decisiones cotidianas: los horarios de atención, las rutas de distribución, la ubicación de establecimientos y las áreas donde las compañías están dispuestas a expandirse.
Desde la perspectiva empresarial, la violencia no constituye únicamente un problema de orden público. Es una variable que puede afectar productividad, rentabilidad, competitividad y consumo.
A esa lectura se sumó INVEST Guatemala. Su director ejecutivo, Juan Esteban Sánchez, explicó durante ENADE que los elevados niveles de inseguridad pueden incrementar las primas de riesgo y los costos de operación, por ejemplo, mediante mayores necesidades de seguros y protección. También señaló que la delincuencia puede limitar el consumo cuando las personas dejan de visitar comercios o desplazarse entre municipios por temor a ser víctimas de delitos.
El gran desafío: controlar las cárceles y fortalecer la justicia
Uno de los puntos donde convergieron las preocupaciones del Gobierno y del sector privado fue el sistema penitenciario.
Durante ENADE, Fundesa advirtió que, según los datos presentados por la organización, siete de cada diez extorsiones se originan desde las prisiones.
El dato expone una vulnerabilidad particularmente sensible: establecimientos que deberían impedir la continuidad de las actividades criminales pueden convertirse en centros desde los cuales se coordinan delitos contra comerciantes, transportistas y ciudadanos.
El presidente Arévalo reconoció la necesidad de reforzar el control penitenciario y presentó las medidas previstas por su administración. Entre ellas figura la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, con capacidad proyectada para más de 2.000 personas privadas de libertad.
También anunció la modernización de ocho centros penitenciarios y una inversión inicial estimada en Q10 millones para instalar sistemas de bloqueo de señales telefónicas en siete establecimientos considerados de mayor riesgo.
La cuestión pendiente es determinar cuándo estarán operativas esas medidas y qué resultados producirán. La incorporación de tecnología puede dificultar las comunicaciones ilícitas, pero su eficacia depende de controles internos, supervisión del personal, inteligencia penitenciaria y mecanismos para prevenir la corrupción.
La seguridad como prueba de gobernabilidad
Para el presidente Arévalo, la discusión adquiere una dimensión que va más allá de la política criminal.
Guatemala enfrenta el reto de fortalecer sus instituciones, sostener su crecimiento económico y mejorar sus condiciones de atracción de inversiones en un contexto regional de creciente competencia por capitales y oportunidades productivas. El Ejecutivo necesita demostrar que su estrategia de seguridad produce mejoras sostenidas.
El sector empresarial, mientras tanto, exige que esas mejoras se reflejen en menores riesgos y costos para las actividades económicas.
La relación entre ambos actores será determinante para avanzar en una agenda que demanda cooperación entre el Gobierno, el Congreso, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, las instituciones de seguridad y la sociedad civil.
