Por revistaeyn.com
El empresario singapurense Kenneth Liang Zhang, vinculado a inversiones por unos US$500 millones en proyectos portuarios y energéticos en Panamá, lleva casi cuatro meses detenido en ese país mientras enfrenta una solicitud de extradición de China por presuntos delitos financieros.
Su caso ha abierto un frente legal y diplomático entre ambos países, en medio de disputas empresariales por el desarrollo de infraestructura estratégica en el Canal de Panamá.
Zhang, de 54 años y presidente de Sinolam International Pte., fue arrestado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y unidades Linces en la avenida Cuba, en Ciudad de Panamá, a raíz de una orden emitida a petición de las autoridades chinas. El empresario, quien cuenta con residencia panameña y ciudadanía naturalizada de Santa Lucía, es requerido por presuntos delitos financieros relacionados con operaciones valoradas en US$275 millones.
El caso tiene como trasfondo una prolongada disputa entre Zhang y Landbridge Group, compañía china con sede en Rizhao y vínculos empresariales cercanos al Partido Comunista de China. Ambas partes mantienen litigios en distintas jurisdicciones por el proyecto Panama Colón Container Port, previsto en Isla Margarita, en la provincia de Colón.
La controversia también involucra inversiones de Sinolam en el sector energético panameño. Durante la última década, Zhang y sus empresas habrían destinado alrededor de US$500 millones al país, mediante iniciativas de generación eléctrica, gas natural licuado y desarrollo portuario, aunque varios proyectos no llegaron a concretarse.
Entre ellos figuran la planta Gas to Power Panama, de 441 megavatios, y una terminal de gas natural licuado, cuyos permisos fueron revocados por las autoridades. Esta decisión llevó a Sinolam a presentar en marzo de 2026 una demanda contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, bajo el caso ARB/26/12.
La detención de Zhang también ha generado cuestionamientos en el procedimiento arbitral. Según la información del caso, el tribunal manifestó preocupación por su permanencia en prisión mientras su compañía mantiene un litigio contra el Estado panameño.
Por su parte, la defensa, encabezada por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, busca impedir la extradición. Sus abogados advierten sobre posibles riesgos de tortura y vulneraciones de derechos humanos si el empresario es trasladado a China, donde podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
El expediente se desarrolla además en un contexto de tensiones entre Panamá y Pekín, luego de que la justicia panameña invalidara los contratos de los puertos operados por CK Hutchison Holdings en el Canal. Las posteriores medidas económicas y diplomáticas chinas han elevado la sensibilidad de las relaciones bilaterales.
