Por revistaeyn.com
Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante décadas columna vertebral del Estado venezolano, ya no funciona como una empresa petrolera tradicional ni como un monopolio estatal clásico. En la última década —y de forma acelerada desde 2018— se transformó en el núcleo de una red opaca de intermediarios, acuerdos discrecionales y control político-militar, diseñada para sostener ingresos en medio de sanciones internacionales, colapso institucional y concentración del poder.
Esa es la principal conclusión del informe “PDVSA: la privatización del petróleo venezolano controlada por las familias en el poder”, publicado en diciembre de 2025 por la ONG Transparencia Venezuela, un documento clave para entender quiénes están hoy detrás del negocio petrolero y por qué Washington evalúa reinsertarse en ese ecosistema altamente fragmentado.
Del monopolio estatal a la “privatización clandestina”
Según el informe, entre 2018 y 2025 se produjo un giro estructural: PDVSA fue cediendo progresivamente funciones operativas, comerciales y de control a actores privados, mientras el Estado conservó un rol formal y una participación variable en la renta.
Este proceso no se dio mediante una privatización abierta ni con licitaciones públicas, sino a través de figuras contractuales creadas o reinterpretadas a la medida del nuevo contexto: acuerdos de servicios compartidos, acuerdos de servicios productivos y, más recientemente, contratos de participación productiva.
Estos últimos —licencias petroleras otorgadas a finales de 2023— permiten que empresas privadas asuman la operación, el control y la comercialización del crudo, mientras el Estado recibe entre 40 % y 65 % de la renta. El esquema reduce la visibilidad de PDVSA en el mercado internacional, pero asegura flujos financieros a la élite gobernante.
Transparencia Venezuela califica este proceso como una “privatización clandestina”, caracterizada por la discrecionalidad en la selección de socios, la ausencia de controles públicos y la opacidad contractual.
El ecosistema de las sanciones: intermediarios y rutas invisibles
El punto de quiebre llegó en 2020, cuando Estados Unidos sancionó a Rosneft Trading y TNK Trading, hasta entonces actores clave en la comercialización del crudo venezolano. A partir de ese momento, la exportación de petróleo entró en su fase más fragmentada y menos visible.
El nuevo modelo, según el informe, se sostiene en:
● Empresas intermediarias sin historial energético, creadas semanas o meses antes de operar con PDVSA.
● Jurisdicciones opacas como Hong Kong, Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos o Uganda.
● Transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y operaciones de “ship-to-ship”.
● Pagos no convencionales, incluidos esquemas con criptomonedas.
Lejos de ser improvisado, el reporte describe este entramado como un sistema articulado, pensado para eludir sanciones y reducir trazabilidad, al tiempo que concentra beneficios en un círculo reducido de empresarios y funcionarios.
Los nombres del poder petrolero
La investigación identifica una fusión entre élites políticas, familiares y empresariales, que hoy concentran el control real del negocio petrolero venezolano. Entre los actores señalados figuran:
● Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, empresario señalado como testaferro del presidente Nicolás Maduro. Pulido retomó presencia en Venezuela tras el regreso de Saab en diciembre de 2023, luego de un canje de prisioneros con Estados Unidos.
● Alejandro Betancourt, empresario vinculado directamente al entorno presidencial.
● Majed y Khalil Majzoub, relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
● Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño vinculado a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su sobrino Carlos Malpica Flores.
El informe cita además investigaciones periodísticas internacionales, incluido The New York Times, que señalan a Carretero Napolitano como uno de los principales operadores del petróleo venezolano hacia Cuba y como figura clave en la comercialización de crudo sancionado.
PDVSA bajo control militar y de inteligencia
El componente empresarial del esquema se completa con un creciente control militar y de inteligencia sobre la industria. Transparencia Venezuela documenta cómo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) asumió el control de instalaciones estratégicas de PDVSA.
En octubre de 2025, la presidencia de la empresa fue asumida por Gustavo González López, militar y exdirector del Sebin entre 2014 y 2018. Su gestión previa al frente del organismo de inteligencia estuvo marcada, según organismos de derechos humanos, por detenciones arbitrarias, torturas y represión del disenso.
La designación consolida un modelo en el que PDVSA no solo es un activo económico, sino también un instrumento de control político y de seguridad.
Estados Unidos y el dilema del reingreso
En este contexto, el interés de Estados Unidos en volver a operar en el sector petrolero venezolano no implica un retorno a la PDVSA de antaño, sino una negociación con un sistema paralelizado, donde el poder real no siempre coincide con la estructura formal del Estado.
La radiografía que traza Transparencia Venezuela muestra que cualquier actor externo —incluido Washington— debe lidiar con una red de intereses familiares, empresariales y militares, construida precisamente para sobrevivir al aislamiento internacional.
PDVSA sigue siendo el corazón del petróleo venezolano, pero ya no es una empresa estatal en el sentido clásico. Es, hoy, el centro de un modelo de poder, donde el crudo financia lealtades, sostiene al régimen y redefine las reglas del juego energético en Venezuela.
