Por estrategiaynegocios.net
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante el Poder Judicial contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La razón: por solicitar información sensible de deudores.
La acción se realiza luego que la institución gubernamental solicitara a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) transferirle, de manera integral, las bases de datos que tiene en materia crediticia, --dicha información es obtenida de las entidades bancarias sujetas a la fiscalización de la SUGEF--.
La posición de la Superintendencia está amparada en el dictamen del Departamento Legal de la SUGEF y la Procuraduría General de la República, así como por los artículos 24 de la Constitución Política, y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” reiteró el asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez Pacheco.
Y aclaran que, es únicamente, sobre los datos agregados que se le suministran al Banco Central de Costa Rica se debe construir y elaborar los resúmenes o información estadística crediticia que publica.
“Queremos subrayar que los bancos han sido y continúan siendo colaboradores activos de la institución al proporcionar datos agregados que contribuyen a la creación de diversas estadísticas. Esto se realiza sin necesidad de acceder a información confidencial de los clientes, respetando siempre su privacidad. Nuestra intención es mantener un equilibrio entre la recolección de información necesaria y el resguardo de la confidencialidad de quienes confían en los servicios bancarios”, concluyó Gómez.
La petición del Banco Central ha sido cuestionada por las diferentes cámaras y además, fue denunciada ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica.
