El IX Foro de Competitividad de las Américas, que inició el lunes en la Ciudad de Guatemala, concluyó en la tarde del martes con un panel de reflexión acerca de la lucha contra la impunidad en el país centroamericano y las lecciones que pueden derivarse de esta experiencia.
En semanas recientes, la atención mediática que ha recibido el caso "La Línea", destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha convertido a Guatemala en un ejemplo para otros países de la región que también están luchando contra el flagelo de la corrupción.
"Esta es una oportunidad histórica para Guatemala para erradicar con toda contundencia esa impunidad que se ha enseñorado durante tantas décadas en el país y esa oportunidad necesita recursos", dijo Iván Velásquez, jefe la CICIG, en un panel titulado "Sacudiendo la institucionalidad: convirtiendo la crisis en oportunidad. El despertar de Guatemala".
Velásquez aludió al tema del financiamiento necesario para fortalecer el sistema de justicia cuatro días después que planteara la necesidad de imponer un impuesto extraordinario sobre grandes patrimonios, lo cual ha generado polémicas y oposición por parte del sector empresarial.
Para ilustrar la magnitud de las carencias que aquejan al Ministerio Público (MP), Velásquez dijo que si a partir del 31 de diciembre de 2015 se dejaran de cometer homicidios en Guatemala, la investigación de todos los homicidios registrados entre 2008 y 2015 tardaría hasta el 2031 con la actual tasa de efectividad que tiene, que es del 6%.
"Hay que generar un impuesto extraordinario para nivelar esa deuda que el estado tiene con el sistema de justicia para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no tenga que suspender los exámenes de ADN porque no tienen reactivos", dijo Velásquez.
Rottmann Pérez Alvarado, secretario de política criminal del MP, agregó que la institución necesitaría invertir Q400 millones (más de US$52 millones) en un plazo de cuatro años para expandir su cobertura territorial y llegar a un 40-50% del territorio nacional.
Sin embargo, Felipe Bosch, ex presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, se mostró reacio a aceptar la necesidad de un impuesto extraordinario. El empresario dijo que "costaría encontrar a un guatemalteco que diga que no está dispuesto a financiar a la CICIG, el MP y la justicia en el país" pero manifestó que estos recursos deben provenir del fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la eliminación del contrabando, la ampliación de la base tributaria y el combate a la informalidad y no de un nuevo impuesto.
En cuanto a la permanencia de la CICIG en el país, Velásquez dijo que la comisión debería quedarse "hasta que exista una fortaleza institucional en el sistema de justicia".
El juez Miguel ángel Gálvez, quien ligó a proceso al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por su papel en el caso "La Línea" habló sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial y establecer mecanismos de transparencia para la elección de jueces y magistrados.
En su discurso de cierre, el presidente electo Jimmy Morales, alabó el papel de la CICIG y de las instituciones de justicia locales en la lucha contra la corrupción y dijo que es necesario combatir la criminalidad para mejorar las condiciones de inversión en el país.
"Las manifestaciones de cambio fueron acompañadas de instituciones que están volviendo a la vida y con mucha fuerza. Nuestras instituciones se están fortaleciendo y es menester que se fortalezcan más. Estos acontecimientos son muestra de la verdadera cara de Guatemala y muestran que Guatemala es un lugar prometedor para invertir, que permite el desarrollo y la competitividad hacia adentro y hacia afuera", dijo Morales.
En varias ocasiones, el presidente electo ha manifestado que apoyará la permanencia de la CICIG en el país y que buscará fortalecer el sistema de justicia en vez de emplear al ejército para realizar funciones de seguridad ciudadana, como han hecho países vecinos como Honduras.
