Por La Prensa Gráfica
Queda poco tiempo para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa consigan frenar que El Salvador caiga en impagos por falta de fondos. A la vuelta de la esquina está un pago a acreedores por US$606.2 millones, pero las arcas estatales están en tiempo de vacas flacas.
Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), señaló ayer que el único obstáculo para poder superar esta amenaza son los acuerdos políticos.
Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH); Lorenzana, de la STPP; y Mario Garza, del Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido que este año El Salvador enfrentará un problema de liquidez. Las tres soluciones que ha planteado el Gobierno obligan a buscar un acuerdo político vía partidos y Asamblea Legislativa.
"Si no hay un acuerdo político, definitivamente no tiene viabilidad financiera el país", dijo Lorenzana.
En octubre, el Gobierno tendrá que abonar a sus cuentas pendientes, incluida una de las más importantes y que está relacionada con el sistema de pensiones. Además, ese mes se reunirán con el FMI para buscar un acuerdo que ayude con la situación fiscal, pero la condición del organismo tener acuerdos políticos listos.
Cáceres dijo semanas atrás que el primer paso es aprobar en la Asamblea una operación de US$1,200 millones en bonos, o deuda de largo plazo, para cumplir con los compromisos más urgentes. La idea también era contar con una ley de responsabilidad fiscal.
Nada de eso ha ocurrido. "Técnicamente yo no le veo problema a un acuerdo. El problema es político, de voluntad política", lamentó ayer Lorenzana.
"Tenemos un avance significativo en materia de responsabilidad fiscal. Estamos concretando acuerdos en medidas de cómo asegurar las metas de la ley de responsabilidad fiscal, de manera que hay avances", defendió Lorenzana. El problema, según el secretario, es que falta un "liderazgo suficientemente fuerte para tomar políticas".
Entre agosto y septiembre, el Gobierno debe buscar cómo pagar US$606.2 millones en deudas que tiene con prestamistas de todo tipo, privados e institucionales.
El proyecto legislativo para recolectar US$1,200 millones no prosperó, pero la necesidad sigue ahí. Hacienda solicitó permiso para poder obtener al menos US$105.5 millones en bonos y así pagar el subsidio a la energía de agosto y también para abonar a la deuda de pensiones.
Según los decretos con fecha 8 de septiembre pasado, Hacienda pidió permiso para captar US$71.5 millones y pagar los compromisos adquiridos con los Certificados de Inversión Previsional (CIP). Cuando el Gobierno toma dinero de los ahorros de los trabajadores para las pensiones de los jubilados, entrega los CIP como una promesa de pago. Pero como es dinero prestado, tiene que devolverlo con algún interés.
Antes pagaba 1.5%, pero debido a un decreto legislativo aprobado en febrero de este año, el interés subió a 3.5 %. Este cambio significa US$71.5 millones que el fisco, por ahora, no tiene.
Los otros US$34 millones son para pagar el subsidio a la energía de agosto, aunque le corresponde a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
ARENA ya adelantó que no dará votos para bonos; además, está concentrada en el cambio del COENA y volverá a la discusión hasta finales de septiembre.
Durante los próximos meses, el fisco debe abonar a la deuda de corto plazo, es decir, a la que se adquiere con las Letras del Tesoro (LETES). El saldo de las LETES, lo que está pendiente de cancelar, llegó hasta US$1,011.1 millones en agosto.
Queda poco tiempo para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa consigan frenar que El Salvador caiga en impagos por falta de fondos. A la vuelta de la esquina está un pago a acreedores por US$606.2 millones, pero las arcas estatales están en tiempo de vacas flacas.
Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), señaló ayer que el único obstáculo para poder superar esta amenaza son los acuerdos políticos.
Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH); Lorenzana, de la STPP; y Mario Garza, del Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido que este año El Salvador enfrentará un problema de liquidez. Las tres soluciones que ha planteado el Gobierno obligan a buscar un acuerdo político vía partidos y Asamblea Legislativa.
"Si no hay un acuerdo político, definitivamente no tiene viabilidad financiera el país", dijo Lorenzana.
En octubre, el Gobierno tendrá que abonar a sus cuentas pendientes, incluida una de las más importantes y que está relacionada con el sistema de pensiones. Además, ese mes se reunirán con el FMI para buscar un acuerdo que ayude con la situación fiscal, pero la condición del organismo tener acuerdos políticos listos.
Cáceres dijo semanas atrás que el primer paso es aprobar en la Asamblea una operación de US$1,200 millones en bonos, o deuda de largo plazo, para cumplir con los compromisos más urgentes. La idea también era contar con una ley de responsabilidad fiscal.
Nada de eso ha ocurrido. "Técnicamente yo no le veo problema a un acuerdo. El problema es político, de voluntad política", lamentó ayer Lorenzana.
"Tenemos un avance significativo en materia de responsabilidad fiscal. Estamos concretando acuerdos en medidas de cómo asegurar las metas de la ley de responsabilidad fiscal, de manera que hay avances", defendió Lorenzana. El problema, según el secretario, es que falta un "liderazgo suficientemente fuerte para tomar políticas".
Entre agosto y septiembre, el Gobierno debe buscar cómo pagar US$606.2 millones en deudas que tiene con prestamistas de todo tipo, privados e institucionales.
El proyecto legislativo para recolectar US$1,200 millones no prosperó, pero la necesidad sigue ahí. Hacienda solicitó permiso para poder obtener al menos US$105.5 millones en bonos y así pagar el subsidio a la energía de agosto y también para abonar a la deuda de pensiones.
Según los decretos con fecha 8 de septiembre pasado, Hacienda pidió permiso para captar US$71.5 millones y pagar los compromisos adquiridos con los Certificados de Inversión Previsional (CIP). Cuando el Gobierno toma dinero de los ahorros de los trabajadores para las pensiones de los jubilados, entrega los CIP como una promesa de pago. Pero como es dinero prestado, tiene que devolverlo con algún interés.
Antes pagaba 1.5%, pero debido a un decreto legislativo aprobado en febrero de este año, el interés subió a 3.5 %. Este cambio significa US$71.5 millones que el fisco, por ahora, no tiene.
Los otros US$34 millones son para pagar el subsidio a la energía de agosto, aunque le corresponde a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
ARENA ya adelantó que no dará votos para bonos; además, está concentrada en el cambio del COENA y volverá a la discusión hasta finales de septiembre.
Durante los próximos meses, el fisco debe abonar a la deuda de corto plazo, es decir, a la que se adquiere con las Letras del Tesoro (LETES). El saldo de las LETES, lo que está pendiente de cancelar, llegó hasta US$1,011.1 millones en agosto.
