Además, los magistrados de la CC se encuentran reunidos para revisar varios recursos presentados por organizaciones sociales durante la semana, ya que temían la expulsión del colombiano.
Por su lado, el secretario general de la ONU Antonio Guterres afirmó estar 'profundamente afectado' por la decisión de Morales de declarar persona no grata a Velásquez, a quien le reiteró su 'plena confianza', según un comunicado emitido por su portavoz Stephane Dujarric.
Velásquez 'ha trabajado incansablemente para promover una cultura que haga cumplir la autoridad de la ley y rechace la corrupción', precisa la nota de la ONU, que pide además que el exmagistrado colombiano sea tratado por las autoridades de Guatemala 'con el respeto debido a sus funciones como funcionario internacional'.
Semana agitada
El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana iniciaron el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, sospechoso de transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en 2015.
Según las investigaciones, Morales, cuando fungió como secretario general de la agrupación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral el origen de varios fondos de campaña. Se estimaron anomalías financieras por casi un millón de dólares.
Junto a la orden de expulsión a Velásquez, el gobernante guatemalteco también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó que haya pedido la remoción del comisionado durante una sorpresiva cita en Nueva York entre Morales y Guterres.
'¡Iván se queda, Jimmy se va!', era la consigna de unos 2.000 manifestantes que el domingo frente al Palacio Nacional y la Casa Presidencial mostraron su respaldo a Velásquez y exigieron la renuncia del mandatario.
Aldana amenazó con renunciar al cargo si se concretaba la expulsión del jefe de la Cicig, pero tras la decisión del presidente la funcionaria judicial aún no se ha pronunciado.
Vientos de crisis
Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de una crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.
Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años que asumió en enero de 2016 para un periodo de cuatro años, ha ido perdiendo popularidad al no responder a las demandas ciudadanas de impulsar políticas estrictas de transparencia.
Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una crisis en este país centroamericano.
'Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada' de protestas sociales como las vividas en 2015, dijo a la AFP Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
