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Por: Revistaeyn.com
¿A qué edad debería un adolescente poder abrir una cuenta en una red social?
En Costa Rica, la pregunta ha llegado a la Asamblea Legislativa con dos respuestas diferentes: 14 y 15 años. Sin embargo, la discusión que moviliza a legisladores, instituciones públicas y organizaciones de protección de la niñez abarca mucho más que fijar una fecha de ingreso.
Verificar la edad sin comprometer la privacidad, reducir la exposición a contenidos perjudiciales y exigir responsabilidades a plataformas que operan desde otros países son algunos de los desafíos.
También lo es preparar a las familias y a los centros educativos para acompañar una vida digital que incluye redes sociales, videojuegos, videos y aplicaciones de inteligencia artificial.
Los expedientes legislativos 25.336 y 25.805 proponen distintas herramientas para atender esos riesgos. Ambos continúan en trámite: sus restricciones no deben confundirse con una prohibición ya vigente en el país.
Dos edades, distintos alcances
La iniciativa más reciente, presentada el 28 de septiembre por el diputado del Partido Liberación Nacional Eder Hernández Ulloa, propone establecer los 15 años como edad mínima para acceder y crear cuentas en las redes sociales comprendidas en la regulación.
El expediente 25.805 exigiría a los proveedores adoptar medidas razonables para impedir cuentas de menores de esa edad, incluidas las existentes mediante una transición gradual.
Excluye expresamente las plataformas de mensajería y los juegos. Asimismo, la propuesta limita la recopilación de información personal para verificar la edad y establece que los documentos gubernamentales no deben ser el mecanismo principal.
Por otro lado, prevé alternativas técnicas o confirmaciones de terceros, con garantías de privacidad y procedimientos para corregir errores.
También incorpora un componente tributario: un impuesto anual a las empresas propietarias de redes sociales equivalente a 100 salarios base. El texto dispone el bloqueo de la red ante el impago, una consecuencia distinta de las multas por incumplir las obligaciones de protección.
El otro proyecto, impulsado por María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana, fue presentado en diciembre de 2025 y recibió dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia el 14 de abril de 2026.
El expediente 25.336 prohíbe crear y utilizar cuentas con interacción social a menores de 14 años, salvo servicios o versiones infantiles certificadas.
Para adolescentes de 14 a 17 años exige la Tarjeta de Identidad de Menores y autorización parental verificable. Su alcance incluye disposiciones para videojuegos e inteligencia artificial conversacional. También plantea desactivar por defecto funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática, limitar determinadas recomendaciones algorítmicas y prohibir la publicidad personalizada basada en datos de menores.
El desafío de hacer cumplir las reglas
La capacidad para ejecutar estas obligaciones constituye uno de los puntos más sensibles.
En un informe sobre el expediente 25.336, remitido el 1 de septiembre, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea advierte dificultades para obligar a plataformas que no están establecidas en Costa Rica. También considera desproporcionado un bloqueo generalizado, por sus efectos sobre todos los usuarios.
La Procuraduría General de la República aborda el problema en su opinión jurídica del 7 de septiembre. Reconoce que el legislador puede establecer restricciones etarias razonables, proporcionadas y técnicamente justificadas, pero recomienda mecanismos que permitan ejecutar sanciones contra empresas extranjeras, incluida la representación jurídica local.
El órgano consultivo también solicitó mayor sustento para justificar el umbral elegido y precisión en las definiciones. Advirtió, además, que impedir a todos los menores administrar cuentas no personales podría afectar periódicos estudiantiles, proyectos artísticos o emprendimientos adolescentes.
La protección también depende del entorno
Para la Fundación La Casa de los Niños, establecer una edad mínima puede formar parte de la respuesta, pero requiere educación y acompañamiento.
Catalina Chaves, psicóloga y directora de la organización, recuerda que los menores también interactúan con desconocidos en videojuegos y encuentran contenidos perjudiciales en servicios que no exigen crear una cuenta. Por ello, la Fundación propone un acceso gradual a las herramientas digitales, acuerdos familiares y adultos de confianza a quienes acudir cuando surge un problema.
“Ninguna ley puede cubrir todos estos espacios. Por eso, la herramienta más amplia y duradera es enseñar a niños y adolescentes, desde pequeños, a reconocer la información falsa y la manipulación digital”, señala Chaves.
La organización advierte que una prohibición sin acompañamiento podría favorecer el uso a escondidas y dificultar que los menores soliciten ayuda. Su planteamiento también exige responsabilidades empresariales sobre los algoritmos, la publicidad, los mecanismos de denuncia y la exposición a contenidos perjudiciales.
UNICEF ha formulado observaciones en una dirección similar. En la consulta legislativa del expediente 25.336 pidió concentrar la responsabilidad en las plataformas, precisar los servicios alcanzados y evitar que la verificación de edad se convierta en una recopilación excesiva de datos personales.
Qué demuestra la experiencia australiana
Australia ofrece una referencia para examinar las dificultades de implementación. Desde diciembre de 2025 exige a determinadas plataformas impedir que menores de 16 años mantengan cuentas.
Un estudio observacional publicado en The BMJ el 24 de junio de 2026 encontró que más del 85% de los participantes menores de esa edad reportó utilizar plataformas sujetas a la restricción durante el seguimiento, realizado aproximadamente tres meses después de su entrada en vigor. El resultado aporta evidencia temprana sobre problemas de cumplimiento.
Costa Rica, además, cuenta con antecedentes de prevención. La Estrategia Nacional 2021–2027 contra la explotación y el abuso sexual de menores en línea, liderada por el MICITT, articula a instituciones públicas, organizaciones sociales y representantes tecnológicos. En mayo de 2026, un encuentro regional celebrado en el país también dio lugar al Pacto de San José contra el Grooming.
El reto legislativo consiste en conectar esos esfuerzos con reglas aplicables, recursos institucionales y obligaciones empresariales verificables. Decidir cuándo puede abrirse una cuenta es una parte de esa tarea. La protección debe mantenerse después del registro y alcanzar los otros espacios donde niños y adolescentes aprenden, juegan y construyen vínculos.
