Por: Revistaeyn.com
Estados Unidos está ampliando el campo de su ofensiva contra el crimen organizado en América Latina.
A las medidas dirigidas a los grupos que trafican y ejercen control territorial suma una herramienta enfocada en sus presuntos facilitadores: restringir el acceso a territorio estadounidense a funcionarios, empresarios y otras personas a las que atribuye corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico.
El objetivo declarado es actuar sobre los vínculos que permiten a las redes ilegales ganar protección o influencia dentro de las instituciones.
El Departamento de Estado anunció el lunes 28 de septiembre una nueva política de restricciones de visas y la vinculó expresamente con los compromisos del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación hemisférica impulsada por Washington.
Su primera aplicación alcanza a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como a familiares inmediatos. Entre los afectados hay fiscales, jueces, un exministro, un policía, una senadora y empresarios.
La medida comprende tanto la revocación de visas existentes como la declaración de inelegibilidad de otras personas que no tenían una visa vigente.
La elección de esa herramienta es significativa. Una restricción migratoria puede adoptarse antes de que exista una condena penal y, según explicó el propio Departamento de Estado, permite actuar rápidamente conforme se desarrolla la evidencia.
Pero esa rapidez obliga a una distinción: perder la visa no prueba que una persona haya cometido un delito, y el comunicado estadounidense no presenta públicamente las pruebas correspondientes a cada nombre de la lista.
La presión llega a despachos e instituciones
Bolivia concentra la mayor parte de los nombres divulgados. Figuran integrantes y exintegrantes del sistema judicial, un exministro de Justicia, un antiguo responsable de Aduanas y un coronel de la Policía.
Washington anunció, además, una designación pública separada contra el fiscal general Roger Mariaca por su presunta participación en corrupción significativa. Mariaca rechazó la medida y la describió como una presión sobre la independencia de las instituciones bolivianas; el Gobierno de Bolivia pidió información y pruebas a Estados Unidos.
En Colombia, las restricciones anunciadas alcanzan al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta. Ecuador registra dos personas cuyos nombres no fueron revelados. En Perú aparece el juez Juan Carlos Núñez Matos.
El Departamento de Estado los agrupa bajo una política referida a corrupción o narcotráfico, sin precisar públicamente qué conducta atribuye a cada uno. Esa ausencia de detalle impide presentar a todos los afectados como vinculados con carteles de droga.
El caso peruano muestra, además, que la política puede abrir controversias que exceden el combate al narcotráfico. Núñez Matos dictó una resolución favorable a la empresa china que opera el puerto de Chancay, una infraestructura sobre la que Washington ha expresado preocupaciones estratégicas.
No hay base pública para concluir que ese fallo motivó la revocación de su visa, pero el caso ilustra cómo una herramienta migratoria aplicada a actores del poder público también puede ser interpretada en clave geopolítica.
México: el antecedente que ahora suma sanciones financieras
México no figura entre los cuatro países de la nueva medida anunciada el lunes. Sin embargo, las revocaciones de visas a figuras políticas mexicanas ya venían mostrando el uso de ese instrumento.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó en agosto la cancelación de su visado y negó haber cometido un acto delictivo.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, había informado anteriormente que Estados Unidos revocó su visa y la de quien era entonces su esposo, Carlos Torres Torres. Las autoridades estadounidenses no explicaron públicamente el motivo individual de todas las cancelaciones conocidas en México.
Una información publicada este martes por The New York Times, recogida por otros medios, señala que agencias estadounidenses examinan acusaciones sobre posibles vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
Según ese reporte, no se ha iniciado una investigación formal en su contra en Estados Unidos. El Gobierno mexicano y su Fiscalía sostienen que no cuentan con pruebas contra él. Por ello, su situación debe narrarse como una revocación de visa confirmada y unos señalamientos bajo examen, sin convertirlos en una acusación penal establecida.
El caso de Carlos Torres adquirió este martes otra dimensión. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense lo incluyó en una amplia ronda de sanciones contra dirigentes, operadores y presuntos facilitadores de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En su comunicado, el Tesoro afirma que el Departamento de Estado le retiró la visa en mayo de 2025 por su presunta vinculación con el cartel. Ahora le atribuye el uso de influencia política para favorecer las operaciones de esa organización en Baja California.
Son afirmaciones de la autoridad estadounidense, con consecuencias financieras específicas; no deben extenderse automáticamente a la gobernadora ni a los demás políticos que perdieron sus visas.
Una estrategia con varios instrumentos
El Escudo de las Américas ofrece el marco político regional. Sus participantes anunciaron coordinación de sanciones y otras medidas frente a organizaciones que califican de narcoterroristas.
La nueva política de visas apunta a otro nivel del problema: personas que, según Washington, socavan instituciones democráticas mediante corrupción o actividades de narcotráfico.
Las sanciones del Tesoro, por su parte, pueden bloquear bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restringir transacciones financieras. Son instrumentos diferentes que pueden operar sobre una misma red, como muestra el caso Torres, aunque no todos los expedientes seguirán ese recorrido.
La ofensiva también plantea una prueba para Washington y sus socios latinoamericanos. Si la estrategia pretende debilitar los nexos entre crimen y poder, deberá demostrar que sus decisiones responden a evidencia y que la cooperación con los gobiernos no se transforma en un mecanismo de presión política selectiva.
La lista anunciada esta semana señala con claridad hacia dónde quiere avanzar Estados Unidos. Lo que todavía no permite es dictar, por sí sola, culpabilidades individuales.
