Por revistaeyn.com
La renovación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica abre un nuevo ciclo político en el país, en un contexto donde los desafíos en infraestructura continúan siendo un factor crítico para la competitividad y el crecimiento económico. En ese escenario, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha planteado una agenda clara de prioridades dirigida a las nuevas diputadas y diputados, enfocada en destrabar proyectos estratégicos y fortalecer el marco institucional del sector.
El gremio considera que el inicio de funciones legislativas representa una ventana de oportunidad para avanzar en iniciativas que impacten directamente en el desarrollo nacional. Entre sus principales solicitudes destaca la aceleración en la discusión y aprobación de proyectos de ley vinculados a la regulación técnica, la contratación pública y los procesos de adquisición de terrenos y expropiaciones, áreas que inciden directamente en la ejecución de obras.
A nivel estructural, la CCC pone énfasis en la necesidad de actualizar el marco normativo para las asociaciones público-privadas, con el objetivo de promover una institucionalidad más técnica y especializada que facilite la atracción de inversión en infraestructura. Este punto se alinea con una tendencia regional donde los esquemas de colaboración público-privada buscan cerrar brechas en financiamiento y ejecución de proyectos.
El peso del sector construcción en la economía costarricense respalda la relevancia de estas propuestas. Según datos del gremio, en 2025 la actividad representó el 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generó empleo directo para el 6,7 % de la población ocupada en el último trimestre del año, con un efecto multiplicador significativo en la creación de empleo indirecto.
La CCC advierte que la ausencia de planes que trasciendan los ciclos políticos ha derivado en atrasos, sobrecostos y discontinuidad en proyectos estratégicos. En este sentido, propone el desarrollo de planes maestros sectoriales —en áreas como transporte, agua y saneamiento, salud, educación y vivienda— con metas claras, indicadores de seguimiento y respaldo financiero.
En línea con lo anterior, el gremio impulsa una reforma legal que obligue a las instituciones a respetar estos planes sectoriales y garantice continuidad entre administraciones, un elemento clave para reducir la incertidumbre y mejorar la eficiencia en la ejecución de obras públicas.
Finalmente, la CCC plantea la necesidad de fortalecer la articulación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el sector productivo, como condición para avanzar en una agenda que combine competitividad, generación de empleo y bienestar.
