Por revistaeyn.com
La reciente decisión de un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos abrió un posible capítulo de gran impacto económico y político para la administración de Donald Trump: la mayoría de los aranceles generalizados que impuso durante su segundo mandato podrían ser declarados ilegales por haber sido establecidos mediante una interpretación indebida de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Si la Corte Suprema confirmara ese fallo, el gobierno federal tendría que enfrentar la posibilidad de reembolsar a las empresas estadounidenses más de US$210.000 millones que ya han pagado por esas tarifas hasta el 24 de agosto.
Los gravámenes cuestionados fueron aplicados a comienzos de este año y elevaron aranceles de importación hasta 50 % para productos procedentes de India y Brasil, y hasta 145 % para mercancías originarias de China. El fallo del tribunal de apelaciones, emitido el viernes, concluyó que el uso de la IEEPA para imponer gravámenes generales excedió la autoridad presidencial.
El presidente Trump ha dicho que su gobierno apelará —posiblemente ante la Corte Suprema— y advirtió que una resolución en contra “sería devastadora” para el país. Mientras se prepara esa impugnación, los aranceles podrían mantenerse vigentes: expertos legales, como Ted Murphy de Sidley Austin, estiman que las tasas probablemente seguirán aplicándose mientras la Suprema Corte decide si admite o no la apelación.
¿Cómo se efectuarían los reembolsos?
De confirmarse la invalidez de los aranceles, surgen preguntas complejas sobre cómo se efectuarían los reembolsos. El Tesoro, que ha retenido los ingresos recaudados, podría optar por devolver de forma directa los montos pagados a todos los importadores afectados, aunque esa vía no sería la única ni necesariamente la más inmediata.
La Administración podría argumentar que la sentencia afectaría únicamente a los demandantes concretos, lo que obligaría a cada importador a iniciar su propio pleito para reclamar devoluciones. Una tercera alternativa —y la que algunos consideran más factible— sería establecer un procedimiento administrativo mediante el cual los importadores soliciten activamente el reembolso.
Abogados y operadores del comercio, como Thomas Beline, han estado tomando precauciones: muchos han presentado ya protestas administrativas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para evitar la liquidación definitiva de ciertas entradas, con la esperanza de facilitar reclamaciones futuras.
Paralelamente, firmas de inversión han contactado a clientes intentando comprar sus derechos sobre eventuales reembolsos, en una suerte de apuesta financiera ante la incertidumbre.
Las implicaciones macroeconómicas también son relevantes. Los cientos de miles de millones que el Tesoro ha acumulado gracias a estos gravámenes han mitigado, por ahora, la necesidad del Gobierno de pedir más prestado.
Anular esos ingresos implicaría incrementar la emisión de deuda para cubrir el desfase, lo que, según analistas como Ed Mills, podría provocar un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y, por ende, elevar los costos de financiamiento en la economía.
Además, economistas como Gary Hufbauer advierten que la dinámica podría avivar presiones inflacionarias si, al mismo tiempo, se redujeran las tasas de interés. La estrategia de la Casa Blanca respecto a la Reserva Federal y sus críticas públicas podrían complicar aún más el panorama.
Con información de CNN
