Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El proyecto de ley "The One, Big, Beautiful Bill", impulsado por el presidente Donald Trump, fue aprobado por la Cámara de Representantes en mayo. Este proyecto está en discusión en el Senado, donde se espera que sufra enmiendas aunque haya mayoría republicana (53-47). Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
Las medidas que pretenden aplicar tendrían un impacto significativo en Centroamérica, en especial el impuesto sobre las remesas enviadas por individuos que no son ciudadanos estadounidenses, particularmente los inmigrantes indocumentados, las cuales pagarían un impuesto de 3,5 % adicional en sus envíos.
Este gravamen encarecería y, por consiguiente, reduciría los flujos de remesas -que representan entre el 19 % y el 26 %- del Producto Interno Bruto (PIB) en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, pudiendo disminuir el consumo, incentivar canales informales y, potencialmente, podría impulsar una nueva ola migratoria.
Según un estudio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), se supone un incremento de 4,4 % de las remesas originadas de EEUU, dado el crecimiento esperado para el año 2025 del PIB estadounidense de 1,7 % y un alza en el nivel de precios de 2,7 %, resulta en un nivel remesas de US$51.360 millones.
Al hacer una extrapolación con las remesas recibidas durante el año 2024, SECMA estima un impacto directo de alrededor de US$1.800 millones por el efecto del impuesto del 3,5 %.
MAYORES COSTOS
El impuesto del 3,5 % se aplicaría a las remesas enviadas por no ciudadanos (indocumentados, residentes permanentes y titulares de visas temporales como H-1B, H-2A, H-2B, F-1, etc.), afectando a cerca de 4,2 millones de centroamericanos. Esto afecta principalmente a los aproximadamente 3 millones de migrantes indocumentados, así como a residentes legales y trabajadores temporales.
Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos, pero deben verificar su ciudadanía para obtener una exención fiscal o un crédito tributario, lo que plantea preocupaciones sobre privacidad y el exceso de burocracia.
Este gravamen se suma a las comisiones existentes (entre el 5 % y 10 %) de servicios como Western Union o MoneyGram, aumentando significativamente el costo de envío. Por ejemplo, enviar US$350 a Centroamérica pasaría de un costo promedio de US$9.21 a aproximadamente US$23.
"El aumento en los costos podría reducir la cantidad de dinero enviado, ya que los migrantes, especialmente los de bajos ingresos, tendrían menos capacidad para enviar la misma cantidad", señala el estudio de SECMCA.
El estudio concluye que una disminución en las remesas en Centroamérica reduciría el consumo familiar, afectando sectores como el comercio minorista, la agricultura y los pequeños negocios; la pérdida de ingresos por remesas podría impulsar una nueva ola migratoria; y el cambio hacia canales informales, como criptomonedas o transferencias en efectivo, aumentaría los riesgos de actividades ilícitas, de fraude y lavado de dinero, lo que puede ser una amenaza a la estabilidad del sistema financiero y afectaría a las empresas de transferencia de dinero.
