Por revistaeyn.com
Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y The Hague Institute for Innovation of Law (Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho, HiiL) afirma que la falta de justicia es uno de los factores clave que alimenta el desplazamiento forzado en Honduras.
“Si el sistema judicial hubiera funcionado como debería, creo que quizá las cosas se habrían resuelto mientras yo seguía en mi casa... Pero bueno, me tuve que ir”, dice una mujer de 25 años, entrevistada para el informe en el departamento de Cortés.
Otros factores de la huida son la inseguridad, la violencia, en particular la de las maras o bandas, y el cambio climático.
Honduras se encuentra entre los cinco primeros países de la región con mayor número de personas desplazadas, sin embargo, la situación a menudo permanece invisible debido a los riesgos a los que se enfrentan los desplazados internos cuando hablan.
Más de 250.000 personas, alrededor del 2,5% de la población, fueron desplazadas entre 2004 y 2018, y la necesidad de las personas de abandonar sus hogares continúa en la actualidad.
El informe, titulado “Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Honduras 2024”, es el primer estudio de este tipo en América Latina y destaca la relación cíclica entre desplazamiento y justicia, en la que el desplazamiento, a menudo visto como la única vía de escape de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, crea a su vez nuevos retos legales que dificultan aún más el acceso a la justicia.
“No hay justicia en ningún sitio. Para mí, mudarme de una casa a otra no significa que me vaya a sentir segura. Ellos [los delincuentes] están por todas partes”, dice otra testigo, de 43 años, que se encuentra en Tegucigalpa.
Más del 40 % de las personas en riesgo de desplazamiento declararon tener al menos un problema legal, mientras que el 52 % de los que están realmente desplazados (desplazados internos) se enfrentan a graves problemas legales, muchos de ellos calificados con un 10 sobre 10 en dificultad e impacto.
Los entrevistados consideran que la justicia efectiva está fuera de su alcance: la mayoría cree que las autoridades no pueden o no quieren ayudar, lo que dificulta los procesos legales, especialmente con la policía.
El 75 % de los encuestados informan de las consecuencias negativas de los problemas legales no resueltos, incluida la pérdida de ingresos y las enfermedades relacionadas con el estrés, y los desplazados internos experimentan estos impactos de forma más aguda.
El informe pone de relieve cómo los datos pueden allanar el camino para reformas judiciales específicas que aborden los retos jurídicos a los que se enfrentan las poblaciones desplazadas y vulnerables.
