Por revistaeyn.com
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe ante la Organización de las Naciones Unidas, señala que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo extendieron en el último año la represión a toda la población que sea percibida como opositora o que “no sea lo suficientemente leal” al régimen sandinista.
Los expertos señalan a la dictadura de realizar “actos ilegales” con la intención de “garantizar, mediante la violación de multitud de derechos humanos, la eliminación de cualquier amenaza que estas personas pudieran suponer”.
Además, profundizan en el análisis de los patrones de violaciones y abusos, la impunidad y las responsabilidades penales individuales, describiendo la estructura de poder organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando.
Entre las acciones, que califican de crímenes de lesa humanidad, destacan el destierro y la apatridia en contra de 317 nicaragüenses. “Esos crímenes se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria (...) aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno, lo que constituye prima facie el crimen de lesa humanidad, de persecución por motivos políticos”.
El GHREN documentó la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen, que incluyó a los niños, quienes fueron discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres.
“Los niños han sido separados de sus padres, a quienes se expulsó o prohibió la entrada en Nicaragua, y al parecer también porque a los niños se les negó un pasaporte válido para reunirse con sus padres”, denuncian.
Por su parte, la dictadura de Ortega rechazó el informe bajo el argumento de que los expertos, para su reporte, tomaron “los insumos de criterios manipulados, de personas financiadas para tergiversar la realidad”.
Con información de Confidencial
