Por Agencia EFE
El Gobierno de Panamá busca un esquema para dar en concesión el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro regional de conexiones, informó el presidente panameño, José Raúl Mulino.
“Yo espero en los próximos 60 a 90 días tener una definición de lo que vamos a hacer para comenzarlo a hacer, pero algún tipo de concesión va a haber porque es lo mejor”, declaró Mulino tras indicar que “ese aeropuerto integralmente tiene que sufrir un revolcón, porque como está no está funcionando bien”.
Mulino, quien comenzó su quinquenio constitucional el pasado 1 de julio, dijo que tras comentar esta semana en Francia durante una visita oficial sus planes de entregar en concesión a Tocumen y otras tres terminales aéreas interiores, ya recibió el interés de empresas internacionales de las que no dio detalles.
La idea es dar en concesión a Tocumen y los aeropuertos internacionales del interior del país como el de Río Hato (a unos 100 kilómetros de la capital y cerca de la zona hotelera del Pacífico), Colón (Caribe) y David (próximo a la frontera con Costa Rica), aunque es un esquema apenas en estudio, afirmó.
“No hay nada decidido. He iniciado esa conversación”, pero Tocumen “tiene deudas por cubrir”, aporta muy poco al Estado panameño, y además está “plagada de locuras y de corrupción, desde el manejo de planilla hasta el otorgamiento de contratos en tiendas y restaurantes”, argumentó el mandatario.
Tocumen, añadió, “es un peso muy grande para el Estado panameño, en todo sentido, y lo que quiero hacer es que el aeropuerto sea exitoso, que transiten la mayor cantidad de pasajeros seguramente y que aporte al Estado panameño lo que corresponde”.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.825.465 pasajeros en el 2023, una nueva cifra récord que deja atrás la de 16,5 millones registrada en el 2019, según datos la administración de la terminal, donde operan 31 aerolíneas operando, 15 de carga y 16 de pasajeros.
Tocumen fue objeto de una gran ampliación que costó más de US$900 millones a cargo de la constructora brasileña Odebrecht, con la que mantiene un litigio contractual, y que elevó su capacidad de admisión de 12 a millones de pasajeros anuales.