Por: revistaeyn.com - Agencias
Panamá elevó este jueves el tono frente a China por el aumento de inspecciones, demoras y retenciones sobre buques de bandera panameña en puertos chinos, en un episodio que ya desbordó el plano técnico y empieza a consolidarse como un nuevo capítulo de la disputa geopolítica entre Washington y Pekín por el control de activos estratégicos en América Latina.
Desde el Puerto de Balboa, uno de los enclaves más sensibles del sistema logístico panameño, el presidente de José Raúl Mulino dejó claro que su gobierno no está dispuesto a tolerar que estas acciones se prolonguen indefinidamente. Aunque evitó detallar medidas, marcó una línea política más firme: Panamá no busca una confrontación con China, pero tampoco aceptará que la presión sobre su flota mercante se normalice.
La señal es significativa porque el caso ya no se lee solo como un conflicto bilateral. Lo que está en juego, para Panamá, no es únicamente la relación con Pekín, sino también la credibilidad de su bandera marítima, la confianza sobre su registro naval y su papel como nodo logístico de referencia para el comercio global.
Ese es, de hecho, el punto que el propio Mulino buscó subrayar al advertir que “más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial”. La frase resume bien la lógica del momento: la presión sobre los buques panameños no afecta solo a Panamá, sino a la arquitectura operativa de una cadena comercial que conecta a China con el resto del mundo.
De una disputa portuaria a una crisis de señal geopolítica
La tensión escaló después de que la Corte Suprema panameña anulara a fines de enero la concesión de dos puertos estratégicos en torno al Canal —Balboa y Cristóbal— a CK Hutchison, a través de su filial Panama Ports Company.
La decisión impactó sobre uno de los activos más sensibles de la infraestructura regional y fue leída internacionalmente como un golpe directo a la presencia china en el entorno del Canal.
A partir de ahí, Panamá empezó a denunciar un incremento de controles sobre barcos de su registro en puertos chinos. Según el gobierno panameño y funcionarios estadounidenses, esas medidas se traducen en demoras, inspecciones reforzadas y obstáculos operativos que alteran el tránsito normal de embarcaciones con bandera del país centroamericano.
China, sin embargo, niega que exista una represalia política. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó las acusaciones de Estados Unidos y sostuvo que Washington intenta instrumentalizar el episodio para avanzar sobre el Canal de Panamá.
Pekín afirmó que las denuncias son “infundadas” y acusó a EE.UU. de buscar control sobre esa vía estratégica. Esa respuesta elevó todavía más el valor geopolítico del episodio. Porque ya no se discute solamente si hubo o no una “detención” formal de barcos, sino quién está usando la logística y la regulación marítima como herramienta de presión política.
Mulino busca equilibrio, pero el margen se estrecha
La posición de Mulino intenta navegar una zona delicada.
Por un lado, Panamá no quiere romper con China, un socio comercial de peso y un actor central en el comercio marítimo global. Por otro, necesita evitar que las inspecciones sobre su flota queden instaladas como un nuevo estándar operativo o como una señal de vulnerabilidad.
Por eso, el presidente panameño combinó dos mensajes al mismo tiempo: moderación diplomática y advertencia política. Reiteró que no le interesa abrir un frente con Pekín, pero dejó claro que la situación no puede extenderse “ad infinitum”, en momentos en que el país también evalúa salidas en el terreno legal y arbitral.
Esa cautela responde a un dato estructural: Panamá administra una de las posiciones logísticas más delicadas del sistema global. Y cualquier conflicto que altere la percepción de neutralidad, previsibilidad o seguridad jurídica sobre su plataforma marítima puede tener un impacto mucho más amplio que un conflicto bilateral puntual.
Washington convirtió el caso en una prueba de influencia china
La Casa Blanca, en tanto, decidió leer el episodio en clave estratégica.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó a China de “bullying” contra Panamá y vinculó directamente las demoras a una forma de coerción económica con impacto sobre las cadenas globales de suministro.
Al involucrarse públicamente, Washington convirtió el caso en una pieza más de su narrativa sobre el uso de infraestructura, puertos y comercio como palancas de influencia china en el hemisferio. Y al hacerlo, reforzó la idea de que el conflicto excede por completo la discusión técnica sobre inspecciones portuarias.
