Por Agencia EFE
La propiedad estatal de la tierra y sus minerales es el punto base que ha aceptado la minera canadiense First Quantum Minerals a pedido del Gobierno de Panamá para iniciar negociaciones, en una fecha aún no anunciada, para la posible reapertura en el país de una gran mina de cobre de US$10.000 millones, inhabilitada por orden judicial en noviembre de 2023.
"En cuanto a la propiedad de los recursos, pues por supuesto son nuestros. Es un gran avance que reconozcan que eso pertenece soberanamente a la República de Panamá y sus réditos, cuando sean, serán pues ingresados al patrimonio de la nación", declaró el presidente panameño, José Raúl Mulino.
El jefe de Estado se refirió así a los dichos del director ejecutivo de First Quantum Minerals, Tristan Pascall, sobre que la empresa acepta que el Ejecutivo de Mulino haga de la propiedad estatal de la tierra y los minerales el punto de partida de las negociaciones entre las partes sobre el futuro de la mina Cobre Panamá, como informan medios locales citando un reporte de Bloomberg.
Mulino, quien asumió el gobierno en julio de 2024, ha dicho antes que aspira a reabrir la mina bajo un esquema distinto a la polémica concesión otorgada para la explotación de la mina, como podría ser la creación de una empresa estatal que otorgue la explotación mediante un mecanismo pertinente.
"Por lo pronto, las cosas avanzan", afirmó Mulino sin hablar de una fecha del inicio de las negociaciones con la empresa canadiense. Se trata de "un tema muy complicado desde todo punto de vista y cuando haya un anuncio pues se hará y se explicará a todo el país", agregó.
El contrato de concesión del yacimiento, operado por Minera Panamá, la filial de First Quantum, fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema porque violaba 25 artículos constitucionales y en medio de las mayores protestas públicas en Panamá en décadas, que mezclaron un rechazo a la minería y al gobierno de entonces.
First Quantum y Franco Nevada Corp. suspendieron meses atrás los arbitrajes internacionales interpuestos tras el cierre de la mina, una condición exigida por Mulino, que el pasado 19 de junio dijo que con ello quedaba "limpia la mesa para iniciar, cuando corresponda, conversaciones con la empresa minera".
En total, se presentaron cuatro arbitrajes internacionales contra Panamá por un total de US$29.000 millones, de los cuales tres, que suman US$27.000 millones, están suspendidos y uno, por US$2.000 millones, "fue desistido de manera definitiva", explicó este mes ante una comisión parlamentaria el titular del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Julio Moltó.
El proyecto representaba casi el 5 % del producto interno bruto (PIB), 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos. Para 2022, se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, representando un 2 %, según datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre.
