Por revistaeyn.com
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) presentaron una coadyuvancia ante la Sala Constitucional en relación con las consultas facultativas de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Jornadas Laborales Excepcionales (expediente 24.290), conocido como jornadas 4x3.
Mediante esta gestión, las organizaciones aportan elementos técnicos y jurídicos que permitan esclarecer los cuestionamientos planteados y respaldar la constitucionalidad de una reforma que establece condiciones específicas para las empresas cuyos procesos productivos requieren operaciones continuas, con las correspondientes garantías y protecciones para las personas trabajadoras.
Específicamente, la coadyuvancia se presenta para aclarar sobre los cuestionamientos realizados al procedimiento, así como a la introducción de los artículos 143 Bis y 145 Bis, que abordan los puntos: jornada laboral, descansos, remuneraciones y el derecho a la intimidad por parte del trabajador.
Las tres organizaciones han participado durante más de dos décadas en el análisis y discusión de esta iniciativa, que ha sido objeto de un amplio proceso de diálogo y construcción de acuerdos entre los sectores involucrados.
Este conocimiento de las necesidades productivas y de las particularidades de las jornadas excepcionales sustenta su participación ante la Sala Constitucional.
La ausencia de un marco jurídico claro para estas modalidades de trabajo constituye una deuda histórica con el sector productivo, que afecta la competitividad, limita las oportunidades de empleo y desincentiva la inversión en actividades estratégicas para el desarrollo nacional.
El proyecto establece condiciones específicas para la aplicación de estas jornadas y contempla medidas dirigidas a proteger a las personas trabajadoras. Entre sus disposiciones mantiene un límite semanal de 48 horas para la jornada diurna y de 36 horas para la nocturna.
La CICR, AmCham y AZOFRAS reiteraron que Costa Rica necesita avanzar hacia una regulación que brinde seguridad jurídica tanto a las empresas como a las personas trabajadoras, respetando los derechos laborales y solventando las necesidades de las actividades productivas que operan de manera continua.
