Por revistaeyn.com
La Cámara de Industrias de Costa Rica emitió un comunicado donde manifestó su desacuerdo a la oposición generada en el Congreso al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Considera “que representa un retroceso para los esfuerzos que requiere el país para modernizar su sistema eléctrico, avanzar en descarbonización y generar tarifas más competitivas”, apuntaron en el escrito.
“Llevamos más de 20 años intentando mejorar el sistema eléctrico nacional para beneficiar al consumidor. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos una oportunidad histórica para modernizar el sistema y dar un paso hacia tarifas más bajas, aumentar la energía renovable y reducir el uso de combustibles derivados del petróleo”, indicó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
A esta petición se suma la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), que advierte que el aumento proyectado en la demanda energética y el acelerado crecimiento urbano hacen indispensable avanzar hacia un modelo que promueva mayor eficiencia, estabilidad y capacidad de expansión eléctrica.
La oposición llega por parte del Partido Liberación Nacional.
El proyecto en cuestión es defendido y promovido desde el Ejecutivo, en el mismo se defiende la modernización del Sistema Eléctrico Nacional bajo los pilares de la eficiencia y sostenibilidad, con la promesa, además, de que los consumidores finales tendrán energía de calidad al menor costo posible.
Para lograrlo, la propuesta rompe el monopolio eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para permitir que actores públicos, privados o mixtos participen del mercado, tanto en la generación como en la venta de electricidad, bajo reglas estrictas y supervisadas.
Esto significa que el ICE dejaría de ser la entidad que controla y maneja el mercado eléctrico nacional y se convertiría en un actor más, eso sí, con la ventaja de continuar siendo el mayor generador eléctrico del país.
El proyecto crea la figura del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), que es precisamente el espacio donde los diferentes actores compran y venden energía, potencia y cualquier otro servicio vinculado.
En el caso de la generación de fuentes no renovables, queda definido que solo el ICE tendrá potestad para desarrollar estos proyectos, excepto si el instituto manifiesta su imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso se desarrollará un proceso de contratación.
El expediente 23.414 es el que contiene la Ley y se trata de una iniciativa presentada desde el 2022 por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que ahora definió como prioridad Laura Fernández.
La propuesta, que no encontró voluntades en el pasado Congreso, es también un parteaguas del nuevo, porque necesita 38 votos y todo apunta a que no lo logrará.
Zonas Francas urge aprobación de proyecto clave para tarifas eléctricas
De igual manera, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) hizo un llamado urgente a los diputados para agilizar la aprobación del proyecto de ley 23.414, por considerar la iniciativa clave para modernizar el modelo energético y promover tarifas eléctricas más competitivas, eficientes y sostenibles.
“La propuesta busca actualizar la infraestructura energética y crear las condiciones necesarias para garantizar un suministro eléctrico más robusto, confiable y accesible para el sector empresarial. Instamos a los diputados a la pronta aprobación de esta iniciativa”, dijo Ronald Lachner, presidente de AZOFRAS.
El Régimen de Zona Franca (RZF), conformado por más de 626 empresas en sectores como Manufactura, Servicios, Industrial y Agroindustrial, es una pieza fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica. Actualmente genera más de 300.000 empleos directos e indirectos, salarios casi dos veces más altos que los del sector privado tradicional, produce alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el principal motor de exportaciones del país.
