Por revistaeyn.com
La Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) ha dado a conocer que el monto reclamado por la firma Honduras Próspera Inc. en el arbitraje iniciado contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se redujo su cifra original de US$10.775 millones a US$1.630 millones. —una caída estimada del 85 %—.
En el documento, el Estado hondureño considera esta reducción como una señal de que la posición jurídica de Honduras frente al arbitraje era “sólida” y valida la decisión de defenderse ante lo que catalogan como un “arbitraje injusto e improcedente”.
Además, la PGR acusa que el mecanismo arbitral fue objeto de “instrumentalización” y que las cifras originales respondían a “especulaciones sin sustento jurídico”.
El conflicto se centra en el denominado proyecto de zona especial Próspera ZEDE, una de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) establecidas en Honduras. En su momento, Honduras Próspera alegó que la derogación del régimen especial para las ZEDE vulneró sus derechos de inversión y estabilidad jurídica, por lo que elevó su reclamo ante el CIADI.
Por su parte, el Estado respondió que el marco legal de las ZEDE había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras con efecto “ex tunc” el 20 de septiembre de 2024, señalando que ello debilitaba la base de la demanda.
La PGR también agradeció expresamente la asistencia legal de las firmas estadounidenses y chilenas Foley Hoag LLP y Jana & Gil Dispute Resolution, que representan al Estado en este litigio internacional.
Según el comunicado, la magnitud inicial del reclamo implicaba uno de los arbitrajes más grandes en desarrollo para Honduras en los sectores de infraestructura y energía; la reducción drástica del monto reclamada hoy sería consecuencia de la firmeza de la defensa estatal.
A pesar de este movimiento, el comunicado no entra en detalles sobre los fundamentos técnicos o legales que llevaron a Honduras Próspera a ajustar su cifra, ni aclara el estado exacto del procedimiento arbitral. Tampoco se especifica si la reducción obedece a un acuerdo previo informal entre las partes o simplemente a un ajuste unilateral de la empresa demandante.
Desde el gobierno, la presentación del reclamo original por más de US$10.000 millones había generado preocupación por el impacto potencial sobre las finanzas públicas y la credibilidad del entorno de inversiones.
