Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo en América Latina y el Caribe, según un reporte del Banco Mundial.
El informe, titulado “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, subraya cómo estos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerá un 2,1 % en 2025 y un 2,4 % en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial.
La región enfrenta niveles altos de violencia letal vinculada al crimen organizado. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores.
Doce países de la región se encuentran entre los 50 primeros en 2023 según el puntaje de criminalidad de la Iniciativa Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por su sigla en inglés).
Aunque América Latina representa solo el 9 % de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en América Latina fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a 8,0.
Las tasas de victimización, basadas en encuestas, que capturan la “criminalidad general” (tanto los crímenes violentos letales y no letales como los crímenes de propiedad) también son altas, de 30 % en promedio, aunque solo tres veces más altas que las del resto del mundo, en comparación con ocho veces en el caso de los homicidios. Existe un nivel “excesivo” de homicidios, dado lo que predecirían las tasas de victimización, atribuible, posiblemente, a una mayor letalidad de la violencia del crimen organizado.
FACTORES QUE INCIDEN
El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil.
“El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo. El informe describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad.
Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación supone una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales.
El Fondo Monetario Internacional estimó recientemente el costo fiscal asociado con los gastos en seguridad pública en 1,9 % del PIB, en promedio, para siete países entre 2018 y 2022, contando solo los gastos de los gobiernos nacionales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que las pérdidas directas de capital humano y los gastos de seguridad pública y privada en 2022 ascendieron al 3,4 % del PIB. Estas son las estimaciones más recientes disponibles de los costos directos del crimen. En 2010, el Banco Mundial reportó una cifra superior de 7,7 % del PIB solo para Centroamérica, teniendo en cuenta los costos materiales y de salud, además de los costos en seguridad.
Para abordar estos desafíos, el informe insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Para lograr el crecimiento y el desarrollo en la región es clave contar con instituciones bien equipadas.
Las políticas económicas también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el crecimiento y las reformas generadoras de empleo, a la vez que ofrecen a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional. Estas iniciativas aumentan el costo de oportunidad de la delincuencia, reduciendo su oferta laboral.
Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de generar estudios a largo plazo a fin de orientar la acción gubernamental, ya que la ausencia de estudios periódicos y comparables dificulta el desarrollo de políticas eficaces.
