Por estrategiaynegocios.net
Un grupo de más de 20 empresas expertas en gestión y valorización de residuos sólidos enviaron una carta abierta al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Electricidad de Costa Rica (ICE), Marco Acuña, con el propósito de solicitarle que reconsidere la sola posibilidad de generar energía a partir de residuos sólidos municipales.
Los representantes de las empresas firmantes aseguran que “llevar a ejecución esta propuesta no solo tendría altos riesgos económicos, sino también impactos sociales negativos en salud y empleo en las comunidades, así como afecciones desde el punto de vista ambiental por la contaminación de suelo, agua y aire, además de un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero”.
La carta al jerarca del ICE se produjo después de que el 19 de mayo saliera a la luz pública un comunicado oficial de la institución bajo el título “ICE abre elegibilidad de proyectos para generar electricidad con residuos sólidos municipales”.
Entre los argumentos expuestos en la misiva destaca que el proyecto de incineración no aumentaría la recolección de residuos, ni mejoraría su manejo, sino que, más bien, convertiría al ICE en un competidor por residuos que ya de por sí son recuperados y tratados por los gestores autorizados, en cumplimiento de legislación vigente.
Esto porque técnicamente los residuos reciclables son los que más energía aportan a la generación térmica y la hacen rentable, por tanto, algunas municipalidades se verían estimuladas a movilizar sus residuos al proyecto de incineración, con más emisiones y costos por transporte, y cortando con las cadenas de valor y emprendimientos locales que tienen años trabajando en abrirse un espacio dentro de la economía local a partir de los residuos que recuperan.
Por otra parte, el grupo también adujo riesgo financiero para el país, ya que en los lugares donde existen las alternativas de incineración, el costo de la disposición final es de US$90-US$100 por tonelada métrica de residuos, y actualmente en Costa Rica el costo es de US$15-US$20 por tonelada métrica, según se puede comprobar en el sistema de compras públicas SICOP. Este sobreprecio tendría que ser cubierto ya fuera con recursos municipales o, en su defecto, trasladado a los usuarios.
A estos argumentos se le suma la contaminación ambiental y el daño a la salud dado que los residuos plásticos sometidos a procesos de combustión liberan compuestos químicos tóxicos como dioxinas y furanos, los cuales, se encuentran dentro de los químicos orgánicos más peligrosos que el ser humano moderno genera y que constituyen un grupo de contaminantes ambientales persistentes (COP).
