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Por Agencia EFE
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) comunicó que revisó videos y documentos judiciales que "demuestran" que los cargos contra el joven abogado Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez son "infundados" así como sus detenciones fueron "arbitrarias".
Henríquez -también defensor de derechos ambientales- y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos.
La Fiscalía General los acusó de desorden público y resistencia, delitos con una pena que van de dos a seis años de prisión.
"Las pruebas que hemos revisado revelan que estos líderes comunitarios fueron detenidos simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW que también indicó que "cuando las autoridades criminalizan la protesta pacífica, el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel".
La organización expuso, en un comunicado publicado en su web , que la fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de "resistencia agresiva", que la legislación salvadoreña define como la interferencia en acciones policiales o judiciales "por medio de violencia, intimidación o amenaza", y de "desórdenes públicos", un delito que requiere obstruir las vías públicas o el acceso a ellas, impedir la libre circulación o tránsito o invadir instalaciones o edificios.
Pérez y Henríquez también son procesados por "desórdenes públicos" y la Fiscalía alega que "se obstaculizó el acceso a la vía pública".
Sin embargo, indicó HRW, "los documentos judiciales muestran que no presentaron pruebas que respaldaran esta afirmación".
"La ausencia de pruebas que respalden los delitos imputados demuestra que, en realidad, las autoridades buscan castigar a Pérez y a Henríquez por su papel en la organización y liderazgo de una protesta pacífica, señaló.
La oenegé externó su preocupación por el traslado al penal La Esperanza -cercano a la capital y conocido como Mariona- del joven abogado y del líder comunitario, ya que "permanecen incomunicados, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados".
Agregó que ha documentado "condiciones inhumanas en Mariona y otras prisiones de El Salvador, incluyendo la falta de acceso a alimentación, agua y atención médica adecuadas, incomunicación durante meses y años, así como torturas y otros malos tratos".
Organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario, y han solicitado que se respete el debido proceso.
