Por: Agencias
Colombia dio un giro decisivo a su política frente a los grupos armados ilegales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso fin a las conversaciones con varias organizaciones que habían participado en los procesos de diálogo impulsados durante la administración de Gustavo Petro y optó por una estrategia basada en la presión militar y el sometimiento a la justicia.
La decisión quedó formalizada mediante varias resoluciones que revocaron los nombramientos de representantes del Gobierno y los reconocimientos otorgados a delegados de los grupos armados en las conversaciones de la denominada “paz total”.
Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor Central de las antiguas FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, además de otros grupos con los que el anterior Gobierno había abierto espacios de conversación sociojurídica.
El argumento de la nueva administración es que esas organizaciones no demostraron una voluntad real y verificable de abandonar las armas, reincorporarse a la vida civil y someterse a la Justicia.
“Paz total” fue una de las principales apuestas políticas de Petro, quien durante su mandato intentó abrir canales simultáneos de negociación con distintas organizaciones armadas, desde guerrillas hasta estructuras criminales.
El nuevo Gobierno considera que ese esquema no produjo los resultados esperados y ha decidido modificar de manera sustancial el enfoque. De la Espriella había anticipado durante su campaña una política de seguridad más dura y, desde su llegada al poder el 7 de agosto, comenzó a trasladar ese planteamiento a la acción.
El cierre de las mesas de diálogo se produce ahora acompañado de una intensificación de las operaciones militares contra las disidencias de las FARC.
De la negociación a la confrontación
La nueva orientación quedó expuesta con claridad este lunes, cuando el mandatario anunció una nueva operación militar contra una estructura vinculada a las disidencias de las FARC en el departamento de Guaviare, en el sur del país.
Según el balance preliminar divulgado por el Gobierno, ocho combatientes murieron, tres fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados durante la operación denominada “Azarías”, ejecutada contra el Frente Carolina Ramírez, vinculado al grupo que lidera Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.
Las autoridades buscan determinar si entre los muertos se encontraba alias “El Tigre” o “Pintado”, señalado como uno de los principales cabecillas de esa estructura.
La operación se produce pocos días después de otro bombardeo en Guaviare que dejó diez muertos. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de las víctimas eran menores de edad, lo que abrió una nueva controversia sobre el uso de operaciones aéreas contra campamentos de grupos armados en los que puede haber menores reclutados.
El Gobierno sostiene que las organizaciones armadas utilizan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como parte de sus estructuras y que la responsabilidad por esa situación recae sobre los grupos ilegales. Al mismo tiempo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el dilema entre la contundencia militar y las obligaciones de protección de la población menor de edad.
Un nuevo escenario para el conflicto colombiano
El cambio de estrategia no significa que el conflicto armado colombiano haya entrado en una nueva fase únicamente militar. El desafío para el Gobierno será determinar si una mayor presión sobre las estructuras armadas consigue reducir su capacidad territorial y criminal o, por el contrario, provoca una mayor fragmentación y expansión de los grupos.
Las disidencias de las FARC ya no constituyen una estructura homogénea. Diferentes facciones compiten por territorios, rutas y economías ilegales, mientras mantienen presencia en zonas estratégicas del país.
En ese contexto, la política de seguridad enfrenta un problema que va más allá de la capacidad militar: el control territorial de regiones donde confluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión y reclutamiento.
La decisión de cerrar las mesas también genera interrogantes sobre el futuro de quienes sí habían avanzado en procesos de desmovilización bajo la estrategia anterior.
El cambio de Gobierno puede dejar en una situación de incertidumbre jurídica y política a combatientes que habían entregado sus armas o iniciado procesos de transición hacia la vida civil.
Ese es uno de los principales riesgos de una ruptura abrupta con la política anterior: mientras el Gobierno busca enviar una señal inequívoca a quienes permanecen armados, también debe evitar que quienes ya dieron pasos hacia la desmovilización vuelvan a las estructuras ilegales por falta de garantías o de una ruta de reincorporación.
El giro que redefine la política de seguridad
El cierre de las conversaciones representa, por tanto, algo más que el final administrativo de varias mesas.
Es una señal política de alcance mayor: el Gobierno de De la Espriella está reemplazando la lógica de negociación amplia de Petro por una política en la que la condición para cualquier eventual acercamiento será la disposición verificable a abandonar las armas, someterse a la justicia y avanzar hacia la vida civil.
La diferencia entre ambos enfoques es sustancial.
Petro intentó utilizar el diálogo como instrumento para reducir simultáneamente diferentes focos de violencia. De la Espriella apuesta ahora por recuperar capacidad de coerción del Estado y utilizar la fuerza militar como principal mecanismo para contener y debilitar a las organizaciones que no acepten abandonar las armas.
La evolución del conflicto mostrará si esta estrategia consigue recuperar control territorial y reducir la violencia o si, por el contrario, genera nuevas dinámicas de confrontación.
Por ahora, la señal política es clara: Colombia deja atrás una de las principales banderas del Gobierno Petro y entra en una etapa en la que la seguridad y la ofensiva militar vuelven a ocupar el centro de la estrategia del Estado frente a los grupos armados ilegales.
