Por: Revistaeyn.com
Costa Rica enfrenta un desafío que trasciende la lucha contra las organizaciones del narcotráfico y el aumento de la violencia criminal.
Mientras el Gobierno fortalece su estrategia de seguridad, una nueva advertencia académica pone el foco sobre otro frente de vulnerabilidad: la posibilidad de que el dinero procedente de economías ilícitas penetre las campañas políticas y se transforme, posteriormente, en influencia sobre las decisiones del Estado.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) alertó que el financiamiento irregular de los partidos políticos podría abrir las puertas a un fenómeno particularmente delicado para la institucionalidad democrática costarricense: la captura del aparato estatal por intereses vinculados con el crimen organizado.
El riesgo, según la investigadora y docente Ana Rita Argüello Miranda, no se limita a que organizaciones criminales consigan financiar actividades proselitistas. La preocupación central es que esos aportes puedan generar compromisos políticos que, una vez celebradas las elecciones, se traduzcan en nombramientos estratégicos, contrataciones públicas, debilitamiento de controles o interferencias en investigaciones judiciales.
"El principal riesgo no es únicamente que el dinero proceda de fuentes ilícitas e ingrese a las campañas electorales, sino que ese financiamiento se convierta en un mecanismo de captura de las decisiones públicas y que esto termine convirtiéndose en una captura del aparato estatal", manifestó Argüello.
La advertencia, divulgada el 8 de octubre, llega en una semana en la que las autoridades judiciales investigan una presunta estructura de legitimación de capitales vinculada con el narcotráfico, mientras crecen las discusiones legislativas sobre los mecanismos de financiamiento político y su fiscalización.
Del lavado de dinero a los aportes electorales
Uno de los acontecimientos que otorgan actualidad a esta discusión es la investigación judicial conocida como "caso Éxodo", que derivó en una serie de allanamientos y detenciones de personas sospechosas de participar en una red de lavado de dinero.
Como informó Estrategia & Negocios, entre los detenidos figuran productores de conciertos y eventos masivos que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habrían recibido al menos US$859.000 de una organización vinculada al narcotráfico para financiar espectáculos realizados entre 2024 y 2025.
Las diligencias comprendieron 22 allanamientos y la detención de 22 sospechosos, dentro de una investigación que también alcanza actividades inmobiliarias, comercialización de oro, préstamos informales y otros negocios presuntamente utilizados para movilizar recursos.
El caso adquirió una dimensión política cuando se conoció que uno de los empresarios detenidos, Don Stockwell, había realizado contribuciones en especie a Unidos Podemos, el partido con el que Natalia Díaz compitió por la Presidencia en las elecciones de 2026.
De acuerdo con registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) citados por medios costarricenses, los aportes efectuados durante 2025 ascendieron a aproximadamente ₡14,16 millones y estuvieron relacionados con actividades de organización y logística partidaria.
El episodio coloca bajo atención pública uno de los problemas identificados por la UNED: la dificultad de detectar oportunamente quién financia realmente determinadas actividades políticas y qué intereses pueden existir detrás de esas contribuciones.
Nueva información al cierre del 9 de octubre indica que el propio TSE inició un estudio de solvencia económica sobre Stockwell para determinar el origen de sus aportes.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, confirmó que la revisión comenzó tras las informaciones divulgadas esta semana. El empresario quedó en libertad el jueves, pero continúa como imputado en la investigación penal.
Este nuevo procedimiento administrativo aporta un elemento relevante a la advertencia de la UNED: la necesidad de comprobar la procedencia de los recursos y no limitarse a verificar que las contribuciones hayan sido declaradas.
Los mecanismos que pueden abrir la puerta al crimen organizado
La investigadora Ana Rita Argüello identifica dos puntos especialmente vulnerables del financiamiento electoral costarricense: las contribuciones en especie y las estructuras paralelas que pueden operar fuera de la contabilidad formal de los partidos.
El financiamiento de una campaña no se produce exclusivamente mediante transferencias bancarias. También incluye vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales, publicidad digital, organización de eventos y otros recursos necesarios para la actividad política.
Aunque estas contribuciones se encuentran reguladas y deben declararse, su naturaleza puede dificultar la identificación del verdadero aportante, especialmente cuando intervienen intermediarios o mecanismos informales.
El TSE establece que las contribuciones privadas, tanto monetarias como en especie, están sujetas al principio de publicidad y deben ser reportadas por los partidos políticos.
Sin embargo, para Argüello, el desafío consiste en fortalecer la prevención y la capacidad de detectar irregularidades antes de que los recursos comprometan una elección.
"Necesitamos sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar los riesgos antes de que comprometan los procesos electorales", señaló.
La académica también advierte que los recursos de procedencia irregular pueden alterar las condiciones de competencia entre partidos, al otorgar ventajas económicas para financiar publicidad, ampliar estructuras territoriales y movilizar electores.
¿Cómo se produce la captura del Estado?
El concepto de captura del Estado describe situaciones en las que determinados intereses privados consiguen condicionar sistemáticamente decisiones institucionales para obtener beneficios particulares en detrimento del interés general.
En el caso de organizaciones criminales, ese mecanismo podría comenzar con el financiamiento de estructuras políticas y extenderse posteriormente hacia espacios de decisión pública.
Según el análisis de la UNED, las organizaciones involucradas en economías ilícitas podrían intentar obtener beneficios mediante la designación de funcionarios cercanos en puestos estratégicos, contrataciones estatales favorables, filtración de información confidencial, debilitamiento de controles o interferencia en investigaciones y procesos judiciales.
El problema, por tanto, no se agota en determinar si una contribución electoral incumplió las normas. También obliga a examinar si existen vínculos capaces de comprometer la independencia de quienes toman decisiones públicas.
"Cuando los intereses particulares logran influir sistemáticamente en las decisiones institucionales y políticas para obtener beneficios privados, se compromete el interés público", advirtió Argüello.
La investigadora considera que la penetración del crimen organizado en las estructuras partidarias podría terminar afectando la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, las instituciones y el propio sistema democrático.
Costa Rica endurece su ofensiva contra el crimen organizado
La advertencia de la UNED aparece mientras el Gobierno de la presidenta Laura Fernández profundiza una política de seguridad centrada en combatir a las organizaciones criminales y ampliar la capacidad de respuesta del Estado.
Esta semana, las autoridades anunciaron que el 14 de octubre inaugurarán el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 internos, construida con una inversión aproximada de US$35 millones e inspirada en el modelo penitenciario implementado por El Salvador.
La nueva infraestructura forma parte de una estrategia de endurecimiento de las condiciones penitenciarias y de combate al narcotráfico en un país que enfrenta niveles elevados de violencia.
Costa Rica registra alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales las autoridades atribuyen aproximadamente el 70 % a actividades relacionadas con el narcotráfico.
En el plano internacional, el país también se incorporó a la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, impulsada por la administración de Donald Trump para combatir a los carteles de la droga. La participación costarricense abrió discusiones sobre los alcances de la cooperación de seguridad y la eventual asistencia militar estadounidense, en una nación que abolió su ejército en 1948.
La advertencia académica introduce así una dimensión complementaria al debate nacional: mientras las autoridades buscan fortalecer las capacidades policiales y penitenciarias, el sistema democrático también enfrenta el desafío de impedir que las organizaciones criminales utilicen sus recursos económicos para conseguir protección e influencia institucional.
Se trata de dos ámbitos diferentes de una misma discusión sobre la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado
.La reforma del financiamiento político, una tarea pendiente
La investigadora recordó que el Tribunal Supremo de Elecciones presentó en 2023 propuestas para fortalecer las reglas de financiamiento político, mejorar la fiscalización de recursos y promover condiciones más equitativas de competencia electoral.
Entre las iniciativas mencionadas por la UNED figuran modificaciones al financiamiento estatal anticipado, mecanismos para ampliar su alcance a las elecciones municipales y sistemas de franjas electorales que permitan distribuir de manera más equitativa los espacios publicitarios.
Argüello considera que estas propuestas representan un punto de partida, pero sostiene que las reformas deben incorporar las nuevas dinámicas del crimen organizado y su creciente capacidad económica.
Esto supone fortalecer la identificación de los contribuyentes reales, garantizar la trazabilidad de los recursos, detectar operaciones irregulares oportunamente y mejorar la coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones de investigación penal.
La Asamblea Legislativa también discute la posible conformación de una comisión especial que investigue vínculos entre organizaciones del narcotráfico, mecanismos de financiamiento político y funcionarios públicos.
En opinión de la académica, Costa Rica necesita dejar de considerar el financiamiento electoral únicamente como un asunto contable o administrativo e incorporar una perspectiva de seguridad democrática.
Su advertencia final sintetiza la dimensión institucional del problema: "La finalidad no es solo impedir el acceso de fondos ilícitos a las campañas electorales, sino especialmente evitar que el poder económico de las economías ilícitas, nacionales y transnacionales derive en poder político y, eventualmente, en la captura del aparato estatal costarricense".
Para Costa Rica, cuya institucionalidad democrática constituye uno de sus principales activos históricos, el desafío no se limita a contener la expansión territorial y económica del narcotráfico. También comprende preservar la independencia de las instituciones que deben investigarlo, fiscalizarlo y combatirlo.
Con información de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial, EFE, Diario Extra, Teletica y Estrategia & Negocios.
