Por revistaeyn.com
Costa Rica continúa ocupando un lugar relevante dentro de las rutas internacionales del narcotráfico. Para el año fiscal 2027, Estados Unidos mantuvo al país entre las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas, una clasificación que incluye a 23 países y que responde a factores geográficos, comerciales y económicos.
La designación; sin embargo, no implica que Costa Rica haya incumplido sus obligaciones internacionales en la lucha contra las drogas. De hecho, el país no figura entre Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, las cuatro naciones que Estados Unidos señaló por haber “fallado de manera demostrable” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con esos compromisos.
Para Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la permanencia de Costa Rica en esta clasificación confirma la importancia estratégica que mantiene el territorio nacional para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
“Que Costa Rica esté en esta lista que emite Estados Unidos no significa que nuestro país sea sancionado ni que se esté considerando que está fracasando en la lucha contra el narcotráfico, lo que evidencia es que sí seguimos siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales de drogas”, explicó.
La académica advirtió que el principal desafío ya no se limita al tránsito de cargamentos hacia los mercados internacionales. Según Jiménez, dentro del territorio costarricense se han desarrollado estructuras logísticas y redes locales que permiten almacenar, custodiar, distribuir y comercializar drogas.
En septiembre trascendió una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una célula que presuntamente utilizaba pistas clandestinas en Guanacaste para recibir cocaína y trasladarla posteriormente hacia México y Estados Unidos.
“Cuando estas organizaciones se consolidan dentro del país amplían ese catálogo de servicios del crimen organizado, generando además corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que nos tienen con este problema de violencia homicida tan grave”, señaló Jiménez.
La especialista consideró que la respuesta institucional debe superar el decomiso de drogas y la detención de personas. A su juicio, Costa Rica necesita fortalecer de manera simultánea la seguridad portuaria, la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional.
También planteó la necesidad de atender factores sociales que favorecen el reclutamiento de nuevos integrantes por parte de las organizaciones criminales, particularmente entre la población joven.
En este contexto, la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa para aportar conocimiento técnico al análisis y desarrollo de iniciativas y proyectos de ley en materia de seguridad.
Los encuentros abordarán prevención social de la violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional, con el objetivo de incorporar evidencia académica al debate legislativo.
“Enfrentar el crecimiento y transformación de las estructuras criminales requiere complementar la acción policial y judicial con prevención social, investigación, cooperación interinstitucional y políticas públicas construidas a partir de evidencia”, concluyó Jiménez.
