Centroamérica & Mundo

Crisis migratoria: unos 200.000 migrantes de la región serían deportados

Se trata de una 'cifra conservadora', según las proyecciones de Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.

2025-02-04

Por Norma Lezcano - Estrategia & Negocios

Conversamos con Manuel Orozco sobre el complejo panorama de la política de deportaciones implementada por Donald Trump, tras su llegada, nuevamente, a la Casa Blanca.

- ¿Qué información maneja en relación al alcance de la política de deportaciones?

La información hasta ahora es muy limitada ya que el memo preliminar sólo indica que hay autorización para realizar redadas. Sin embargo, el contexto es más amplio, ya que el tema principal es acerca de quiénes son aquellos que están sujetos a ordenes de deportación.

-¿Cuáles son los grupos más vulnerables?

Varios grupos enfrentan un mayor riesgo, según su estatus migratorio y su situación legal. En términos generales son: las personas con órdenes de deportación (unos 3,6 millones); personas en centros de detención (unas 34.000); personas con parole humanitario expirado (se estima que para marzo, el parole humanitario de al menos 70.000 personas habrá expirado) y los solicitantes de asilo con casos denegados (son unos 342.000).

-Los migrantes con TPS, ¿están en riesgo?

Sí, quienes tienen un TPS expirado o no renovado. También, la terminación o no renovación del programa Beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) podría resultar en deportaciones; después está todo el grupo que incluye a los que están en situación irregular en el país.

Además de estas categorías, es importante considerar que ciertas nacionalidades tienen una mayor proporción de personas bajo orden de deportación. Las 10 nacionalidades con más órdenes capturan el 80% de todos los casos. Estas nacionalidades incluyen a personas de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, Nicaragua, China, Ecuador y Haití. Muchos provienen de países con situaciones políticas difíciles, lo que incrementa su vulnerabilidad.

-¿De la población de migrantes centroamericanos cuántos envían remesas y de qué países son?

Los guatemaltecos son la comunidad con mayor migración. En este momento hay 5,4 millones de migrantes que envían remesas y ellos representan el 70% de la población migrante total (el resto son quienes no envían dinero y 9%-10% aproximadamente que son menores de edad).

En el cuadro adjunto le ofrezco una muestra de la tendencia en los últimos seis años.

-¿Podrían deportar de forma indiscriminada?

Depende del recurso humano que dediquen y de la estrategia que usen. Por ejemplo: si escogen aquellos sobre los que cuentan información de contacto o trabajo; datos de personas recién llegadas después de la pandemia (son 1,2 millones), personas con asilo denegado o aquellos con alivio humanitario vencido, como le refería anteriormente.

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A partir de esas consideraciones, hay muchos otros factores que ponderar, como la posibilidad de resistencia social y legal, y el nivel de determinación política que exista. En términos de recursos humanos, durante la Administración Obama había 6.000 oficiales a cargo de este trabajo, y la tasa era como de 70 deportados por oficial, si ahora el número es mayor, la tendencia podría crecer. Hay que tener presente que durante la presidencia de Obama, había un alto porcentaje de personas con sentencias criminales que fueron deportados inmediatamente. Ahora los porcentajes son menores de 20%.

- ¿Cómo visualiza la estrategia de relacionamiento que se dará entre los gobiernos de México y EE.UU.?

Creo que el programa “Quédate en México” tendrá bajo perfil. México se prepara para una batalla legal y política, pero tiene una perspectiva no confrontativa.

-¿Y cómo será con los gobiernos centroamericanos?

Es poco lo que existe en este momento de común entre la nueva Administración y Centroamérica. Durante la de Biden, fue ese gobierno el que ofreció lazos.

Ahora, frente al declive migratorio, el esfuerzo de contener la intención a migrar es menor. La posibilidad de algún tipo de apoyo a la reinserción laboral sería posible, pero también es incierto ya que se desconoce la magnitud del problema. La perspectiva más operativa desde el ámbito de Estados Unidos tiene que ver con promover más inversión estadounidense en la región y renegociar el CAFTA.

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-¿Desde la diplomacia, qué opciones hay?

La relación diplomática con la región puede ser un punto de comunicación, pero dependiendo del país. Guatemala tiene apertura, pero sabe que no es el favorito de la nueva Administración; Honduras ha alienado toda opción en el corto plazo; Nicaragua no tiene ningún acercamiento con Estados Unidos, pero la Administración Trump puede actuar sobre Nicaragua frente a sus acciones contra Estados Unidos.

Ellos han usado la liberación de presos como arma negociadora, y han agredido a Estados Unidos con migración y ataques a diplomáticos, así como también afectaron la relación comercial.
El Salvador es percibido como aliado de Estados Unidos y gozaría de algún tipo de privilegio en la política exterior. Es una relación difícil de abordar regionalmente.

-¿Está faltando coordinación entre los gobiernos de la región para enfrentar esta nueva realidad?

No hay mucho que hacer. Anteriormente, trataron de apelar calladamente a que no se deportaran a sus ciudadanos y que hubiera algún tipo de apoyo de reinserción; pero, realmente, los gobiernos de Centroamérica no han ofrecido una posición de apoyo material y concreto a sus connacionales. Es un problema crónico. Incluso, poco han hecho por apalancar las remesas.

-¿Como impactará el hecho de que EE.UU. haya declarado como “grupo terrorista” a los carteles?

Esto es un tema complicado porque tiene muchas implicancias sobre quién es sujeto de acciones terroristas y cómo se manifiestan esas acciones; es decir, la tipificación es muy burda por el momento.

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Si la violencia de los carteles se asimila a las acciones terroristas, ese paralelismo tiene el propósito de asegurar que estos grupos sean más agresivamente perseguidos.

Sin embargo, no está claro qué más puede hacer Estados Unidos contra este tipo de organizaciones transnacionales criminales.

Adicionalmente, está el tema político. Estas organizaciones se han conformado en poderes fácticos: (a) eliminación de pesos y contrapesos que debilitan la estructura social; (b) participación de clanes familiares en el poder político y de otros fuerzas no electas como los narcotraficantes, los militares; y (c) la captura del Estado.

Estos son puntos de inflexión del declive democrático regional. Un ataque frontal de Trump a los poderes fácticos, eliminando sus fuentes de financiamiento, debilitará la fuerza criminal y la estructura gobernante no democrática en muchos países.

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