Por: Revistaeyn.com
Guatemala busca establecer nuevas reglas para los préstamos y la cobranza fuera de las entidades financieras que quedarían excluidas de la iniciativa 6614, conocida como Ley Contra la Usura y de Protección en el Proceso de Cobro de Deudas.
El proyecto apunta a contener intereses abusivos, frenar el hostigamiento y facilitar acuerdos de pago. Sin embargo, todavía no es una ley vigente ni tiene asegurado su contenido definitivo.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior revisó el 11 de noviembre las enmiendas que la diputada Nadia de León impulsa con el acompañamiento de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Superintendencia de Bancos (SIB). La reunión buscó respaldo para llevar los cambios al pleno.
La dirección del proyecto es más clara que su desenlace: se perfila como una normativa sobre condiciones del crédito y prácticas de cobro, con exclusiones expresas para entidades sujetas a otros marcos regulatorios. Su alcance efectivo dependerá de los artículos y enmiendas que aprueben los diputados.
Qué falta para convertirse en ley
La ficha legislativa registra como completados el primer y segundo debate. La discusión se encamina al tercero y a la aprobación por artículos y redacción final.
Si el Congreso aprueba el decreto, seguirá el trámite ante el Ejecutivo, que puede sancionarlo o ejercer el veto conforme a la Constitución. También deberán cumplirse la publicación y el plazo de entrada en vigor correspondiente. Por ahora, no existe una fecha de aplicación confirmada para estas propuestas.
* Intereses y cargos. Se busca establecer una tasa máxima vinculada al doble de la tasa activa promedio publicada por el Banco de Guatemala y límites a otros cobros.
* Cobranza. Se busca impedir comunicaciones excesivas, contacto abusivo con terceros y divulgación de deudas en el trabajo.
* Acuerdos de pago. Se busca facilitar la conciliación entre acreedores y deudores. |
* Protección del salario. Se busca preservar el salario mínimo frente a embargos, según la enmienda explicada por la ponente.
Los límites a intereses y prácticas de cobranza forman parte de la explicación pública que el Congreso ha difundido sobre la iniciativa. La protección salarial es uno de los cambios destacados durante la revisión de noviembre. Su formulación y alcance siguen sujetos a la decisión del pleno.
A quiénes alcanzaría y quiénes quedarían fuera
Según la explicación oficial de la reunión, las reglas se aplicarían a prestamistas, proveedores de crédito comercial y gestores de cobro. Quedarían fuera bancos, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas sin fines de lucro y otras instituciones supervisadas por la SIB.
Esta delimitación es importante: no corresponde presentar la iniciativa como un nuevo techo general para todas las tasas bancarias. Tampoco conviene equiparar todo crédito no bancario con una operación ilegal: el alcance dependerá de las actividades y entidades que describa el articulado aprobado.
Para los negocios que ofrecen financiamiento comercial, esa definición será relevante. Si quedan comprendidos, deberán revisar las condiciones del crédito y sus procedimientos de recuperación de deuda conforme a las obligaciones que establezca la ley.
El salario mínimo ya tiene protección legal
La diputada De León explicó que una de las enmiendas busca impedir que se afecte el salario mínimo y permitir embargos únicamente sobre los ingresos que lo superen. Esa es la orientación anunciada, pero sería impreciso describirla como la creación de una protección inexistente.
El artículo 96 del Código de Trabajo ya declara inembargables los salarios mínimos. El artículo 97 contempla excepciones para obligaciones alimentarias y reglas sobre concurrencia de embargos. Por tanto, queda pendiente conocer cómo la nueva disposición reforzaría o precisaría esa protección dentro de los cobros que regule.
Además, preservar un ingreso frente al embargo no significa extinguir la deuda. Una disposición limita los recursos que pueden afectarse; la otra cuestión es la obligación de pago.
Conciliación: un punto que necesita precisión
La comunicación oficial del Congreso del 11 de noviembre describe las enmiendas como una vía para facilitar acuerdos mediante "conciliación voluntaria". Algunas coberturas, en cambio, señalan una conciliación obligatoria antes de demandar.
La diferencia es relevante. Solicitar voluntariamente un acuerdo y exigir un trámite previo a toda demanda producen efectos distintos para deudores, acreedores y tribunales. Hasta contar con el articulado aprobado, no corresponde asegurar que toda demanda deberá pasar obligatoriamente por mediación.
Para los usuarios, el propósito anunciado es abrir una oportunidad de negociar pagos en condiciones viables. Su funcionamiento dependerá del procedimiento que quede establecido y de su relación con la vía judicial.
La usura ya es delito
Guatemala ya sanciona penalmente la usura. El artículo 276 del Código Penal, reformado por el Decreto 11-2025, establece penas de cuatro a diez años y multas de Q200.000 a Q500.000. Esas sanciones pertenecen al marco vigente; no nacen de la iniciativa ahora en revisión.
Entonces, ¿cuál es el objetivo práctico de la iniciativa en análisis? Sería que quienes obtienen crédito dentro del ámbito de la futura ley conozcan sus condiciones, cuenten con protección frente a cobros abusivos y tengan vías para negociar el pago. No debe interpretarse como una condonación general ni como una reducción automática de todas las deudas.
Desde la perspectiva empresarial, reglas claras pueden dar mayor previsibilidad a ambas partes. Su eficacia dependerá de que el texto permita identificar los cargos prohibidos, documentar el acoso y determinar qué autoridad debe intervenir.
La decisión pendiente del Congreso es convertir esa orientación en obligaciones aplicables. Mientras no se apruebe la versión final, hay avances y propuestas concretas, pero todavía no derechos nuevos exigibles derivados de esta iniciativa.
