Por revistaeyn /Agencias
La reelección de Consuelo Porras no es un trámite: es un intento de supervivencia política. La fiscal general, convertida en símbolo del aparato que durante años empujó causas selectivas y bloqueó investigaciones sensibles, busca extender su mandato al frente del Ministerio Público en un momento en que su margen de maniobra se achica, pero su capacidad de daño sigue intacta.
Porras figura en el listado de aspirantes que recibió la Comisión de Postulación —59 expedientes, según el recuento de la prensa local—, aunque su candidatura carga con un lastre cada vez más pesado: el señalamiento internacional, el rechazo social y el choque frontal con el gobierno de Bernardo Arévalo.
El “seguro” de la continuidad
El objetivo es transparente. Se trata de sostener poder e impunidad. La continuidad en el cargo no solo preserva influencia sobre fiscales y líneas de investigación; también mantiene viva una red de protección política y judicial construida a fuerza de expedientes, presiones y operadores.
Arévalo, que llegó al poder con un mandato anticorrupción, tiene la última palabra: cuando la comisión eleve la nómina final, el presidente deberá escoger a quien encabezará el Ministerio Público en el período 2026–2030. Y, al menos en el discurso público, el oficialismo busca cerrar la era Porras.
ONU: adopciones ilegales
El dato que cambia la temperatura del proceso llegó desde Ginebra. Expertos de Naciones Unidas dijeron estar alarmados por información sobre al menos 80 niños indígenas sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez; en ese marco, señalaron el presunto rol de Porras, quien —según la información recibida— fue “tutora legal” entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
Pero el mensaje no fue solo histórico: fue político y contemporáneo. La ONU pidió investigaciones independientes y llamó a ejercer cautela en los actuales procesos de nombramientos, subrayando que personas con alegaciones creíbles de conductas incompatibles con estándares de derechos humanos no deberían ser preseleccionadas ni nombradas hasta que haya una investigación pronta e independiente.
Corte de Constitucionalidad
Días atrás, Porras ya había buscado una vía alternativa de blindaje: un asiento en la Corte de Constitucionalidad. Pero en la elección impulsada desde la Universidad de San Carlos no consiguió ningún voto y quedó fuera, según reportes periodísticos.
Ese revés expuso dos cosas: la resistencia social a su figura y el temor, dentro y fuera del país, a que la “corte celestial” —por sus fallos inapelables— quede capturada por intereses que buscan garantizar impunidad.
Choque con Arévalo
El conflicto de la aún funcionaria judicial con el Ejecutivo no es retórico. En los últimos años, Porras fue señalada por EE. UU. y la UE por corrupción, y su gestión quedó asociada a maniobras para empujar acciones judiciales que, según múltiples denuncias, intentaron alterar el curso institucional y electoral.
En ese contexto, su reelección aparece como la pieza más delicada de un tablero donde también se renuevan cargos clave de la justicia y el control institucional: quien conduzca el Ministerio Público tendrá capacidad real para acelerar o congelar investigaciones, empujar antejuicios, moldear prioridades y, sobre todo, condicionar la gobernabilidad.
La advertencia más directa
La ONU no eligió eufemismos: pidió investigación y cautela, y dejó una señal para los actores que deciden. En un país donde la justicia viene siendo el campo de batalla de la política, el intento de Porras por seguir al mando del Ministerio Público se lee como lo que es: un intento de sostener el andamiaje que la protege y que, a la vez, presiona para que nada cambie.
