Por Norma Lezcano / revistaeyn.com
El presidente Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala en enero de 2024, representado al Movimiento Semilla y con la promesa de regenerar una democracia asfixiada por la corrupción.
Si no fuera por la presión ciudadana, posiblemente no se hubiera estabilizado en el poder. Maniobras judiciales de todo tipo e intentos de suspensión de su partido buscaron que fracasara antes de asumir.
El 14 de Enero, Arévalo cumplió dos años de gestión y el momento lo encuentra ante el más profundo desafío de su gestión: destruir a las organizaciones criminales que operan en su país; pero, sobre todo, enfrentar a “los padrinos” que las amparan desde la política y desde diferentes instancias institucionales.
Este fin de semana, el presidente guatemalteco, probablemente, asumió que comenzó a correr su tiempo de descuento para tomar acción.
¿Por qué? Las organizaciones terroristas Barrio 18 y Mara Salvatrucha generaron un estado de conmoción en el país al producir motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, además de ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los violentos hechos fueron un capítulo más de una serie de eventos, que venían anticipando este desenlace; pero, además, tuvieron el sello de las múltiples complicidades político-institucionales que están minando por estas horas las capacidades del gobierno guatemalteco para hacer valer el Estado de Derecho.
PERSONAJES CLAVE
Repasemos aquí quiénes son los personajes clave de esta saga y a qué intereses responden:
* Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de Barrio 18. Las autoridades lo señalan como el coordinador de los motines. Recluido en el centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, generó las revueltas en demanda de privilegios para los líderes mareros, traslado a cárceles específicas, encomiendas sin revisión y visitas sin controles; todas demandas que fueron rechazadas de forma categórica por el gobierno. Está detenido desde el 2003 por diversos crímenes violentos, femicidios, extorsiones y el asesinato de conductores de autobús. Ochoa Mejía está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial y dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
* María Marta Castañeda Torres, apresada en agosto del 2025, está acusada de asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria y casos especiales de estafa. Es hija de Gloria Torres, hermana de Sandra Torres. Para observadores locales, especialistas en las organizaciones criminales en Guatemala, Castañeda Torres le dio acceso a Ochoa Mejía a redes políticas partidarias y a estructuras criminales (como El Taquero) que controlan cárceles del país, lo que este fin de semana le permitió al líder marero desencadenar una acción conjunta.
Los antecedentes delictivos de Castañeda Torres son contundentes: está implicada con el caso “La Sexta”, la masacre registrada el 18 de julio de 2016 en la Granja Penal de Pavón, uno de los episodios más violentos en el sistema penitenciario guatemalteco. Ella habría operado el ingreso de armas a ese penal (por orden de su socio Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”) con el objetivo de asesinar al capitán Byron Lima Oliva, quien purgaba una pena y ejercía control interno en la cárcel.
* Sandra Torres, dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Teniendo una directa vinculación familiar con el líder de los motines (es esposo de su sobrina), reclamó al Presidente Arévalo, a través de sus redes: “¿Qué más está esperando? Se lo vengo diciendo desde el año pasado: decrete un estado de excepción, actúe e intervenga inmediatamente las cárceles del país”. Curiosamente, Torres cercana a Ochoa Mejía, asegura que “tanta pasividad (del Presidente) hace pensar que es más bien complicidad”. Cabe recordar que Torres fue denunciada en 2019 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por “asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado”.
*Ex ministro de la Gobernación Francisco Jiménez. Renunció a su cargo y dejó el país tras la fuga de 20 pandilleros de Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes 2, en octubre del 2025. Eran los jefes máximos de al menos ocho clicas importantes de las 74 que pertenecen a Barrio 18 en Guatemala.
Hay quienes aseguran que Jiménez pactó esa fuga con los pandilleros, pero nunca lo alcanzó una orden de investigación o captura, como sí recayeron sobre otros ex funcionarios como Claudia del Rosario Palencia Morales, ex viceministra de Antinarcóticos (por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión) y como Ludin Astolfo Godínez, exdirector general del Sistema Penitenciario (por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión) ¿Jiménez no tuvo ninguna responsabilidad, aun cuando había admitido que sabía que “existía una voluntad clara de los pandilleros de evadirse, pero se carecía del dato preciso sobre el lugar”?
* Lisbeth Mireya Batún Betancourt, jueza. Emitió un fallo en el que ordenó el 17 de septiembre de 2025 (un mes antes de la mega fuga de pandilleros) que, en un plazo de 24 horas, “el Lobo” fuera trasladado de Renovación 1 a la prisión de menor seguridad, Fraijanes 2 (desde donde, finalmente, se produjo la fuga). Batún Betancourt decidió esto luego de informes que le entregaron el Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Alguien del gobierno de Arévalo investiga o investigó la responsabilidad de estas personas?
* Consuelo Porras, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP). Para muchos analistas y observadores del sistema político guatemalteco, Porras ha sido durante los últimos ocho años el vórtice de los graves problemas estructurales de corrupción que atraviesan al país. Ella investiga, tiene inteligencia y persigue penalmente desde una misma institución, que ha manejado desde que asumió en 2016 un presupuesto por US$3.250 millones. Con esa enorme densidad de poder desmanteló todo el sistema anticorrupción construido con apoyo de la CICIG (la misión de la ONU contra la impunidad). Impidió que se investiguen casos de corrupción y vinculados al crimen organizado, y se encargó de perseguir a fiscales, jueces y periodistas críticos, como José Rubén Zamora. Ha recibido decenas de sanciones y prohibiciones para ingresar a países como Estados Unidos, Canadá y varios de Europa por sus acciones para “socavar la democracia” en Guatemala. El presidente Arévalo la acusó de intento de golpe de Estado y de fraguar un plan para evitar que él tomara posesión. Porras terminará su periodo en mayo de 2026.
TIEMPO DE DESCUENTO
Tras la caída del ex ministro Jiménez y de la cúpula de seguridad, Arévalo anunció un plan integral para retomar el control de las prisiones con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las Agencias de EE.UU. En paralelo, ordenó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reclusos y mandó a realizar un censo para la población penitenciaria.
Quienes analizan críticamente lo sucedió este fin de semana advierten que esos planes vienen demorados porque “en el Ministerio de Gobernación sobreviven elementos vinculados al crimen organizado”. Otras visiones, algo más optimistas, afirman que una próxima salida de Consuelo Porras del MP dejará “huérfanas a muchas estructuras transversales que sostienen y conviven con el crimen organizado”.
Los motines carcelarios y los ataques armados de este fin de semana no fueron un estallido aislado, sino un mensaje directo al poder político. El crimen organizado, sostenido por complicidades judiciales, institucionales y partidarias, le mostró al presidente Bernardo Arévalo hasta dónde está dispuesto a llegar para preservar sus privilegios y su impunidad.
En este escenario, comenzó una cuenta regresiva. No solo para recuperar el control efectivo de las cárceles y del territorio, sino para definir si el proyecto reformista que llevó a Arévalo al poder podrá sobrevivir al asedio sistemático de las estructuras que ya intentaron impedir su asunción y que hoy operan como un poder en las sombras. Cada día de demora fortalece a quienes apuestan al desgaste, a la parálisis o, directamente, a un nuevo intento de ruptura institucional.
Guatemala entra así en una fase decisiva. Para Arévalo, no se trata solo de gobernar, sino de resistir y desmantelar un sistema que lo acosa con métodos de golpe de Estado encubierto. La pregunta que sobrevuela es si el presidente logrará adelantarse al reloj o si el crimen organizado volverá a imponer su ley antes de que expire el mandato de cambio que prometió en las urnas.
