Por revistaeyn.com / Agencias
La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el lunes, el mismo día en que Consuelo Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
Los expertos de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales" tras estar en un hogar de menores que administró Porras en 1982.
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Los expertos pidieron en su comunicado "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos". Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual fiscal general sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".
Elección para Corte Constitucional
La criticada fiscal perdió la elección para formar parte de la Corte de Constitucional, máximo tribunal del país, aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial.
Porras no sumó votos del consejo superior de la Universidad de San Carlos que eligió a la abogada Julia Rivera, que obtuvo 23 sufragios, para convertirse en la designada por la casa de estudios estatal para formar parte de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.
Varias personas llegaron este lunes al hotel en Antigua Guatemala, donde se realizó la elección de la universidad estatal, para protestar en contra de una posible designación de Porras.
Según analistas, la elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos cinco años.
Sancionada bajo fuertes señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Porras aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.
De ser elegida magistrada del máximo tribunal de Guatemala, puede lograr inmunidad ante cualquier investigación en su contra después de que deje la Fiscalía en mayo próximo, cuando culminará su periodo.
Porras y la Fiscalía intentaron evitar la investidura de Arévalo en 2024 y también revocar los resultados electorales de 2023 que llevaron al cargo al actual mandatario, tras ganar los comicios con un discurso anticorrupción.
Con información de EFE, AFP, DW
