Por revistaeyn.com
Si bien los países centroamericanos –con excepción de Nicaragua– cuentan con marcos normativos que reconocen la independencia judicial, en la práctica persisten graves vulneraciones, señala el informe Independencia judicial en Centroamérica: un anhelo todavía lejano.
Elaborado con aportes de personas expertas en derechos humanos y derecho constitucional, el informe presenta un análisis detallado y comparativo de los principales desafíos que enfrentan personas juzgadoras y fiscales en Centroamérica para desempeñar su labor con independencia e imparcialidad, así como las consecuencias que esto genera para la vigencia del Estado de derecho.
Las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Programa ACTuando Juntas JOTAY y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, presentaron la investigación regional que documenta el deterioro sostenido de la independencia judicial en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
A partir de esta revisión, se identifica un patrón alarmante: prácticas sistemáticas de cooptación política de las Altas Cortes, procesos de selección opacos, persecución a personas operadoras de justicia que actúan con independencia y la instrumentalización del sistema de justicia penal para criminalizar a quienes investigan o juzgan casos sensibles relacionados con corrupción, violaciones a derechos humanos o abusos de poder.
POCA TRANSPARENCIA
El reporte señala que en los países analizados, los poderes políticos son quienes eligen a las magistraturas de las Cortes Supremas. En la mayoría de los casos, los procesos carecen de transparencia, objetividad y participación ciudadana efectiva.
En Nicaragua, en cambio, la reforma constitucional de 2024 que entró en vigencia en 2025, eliminó la división de poderes, permitiendo al Ejecutivo controlar directamente al Poder Judicial.
El informe explica cómo la destitución y el traslado de jueces y juezas ha sido utilizado como herramienta de control, represalia, intimidación o censura sobre la labor de las personas operadoras de justicia. En algunos casos –como Guatemala y El Salvador, estas medidas han estado acompañadas de campañas de estigmatización o procesos penales infundados contra personas juzgadoras y fiscales.
La ausencia de criterios claros para el ingreso, permanencia y ascenso dentro de los Poderes Judiciales debilita la profesionalización, fomenta la discrecionalidad y expone a las personas juzgadoras a presiones indebidas.
El informe señala que el debilitamiento de la independencia judicial abre espacio a redes de corrupción tanto dentro como fuera del sistema de justicia, que actúan para proteger intereses privados o políticos, en detrimento del interés público.
El análisis también incorpora un enfoque interseccional que permite identificar cómo las mujeres, pueblos indígenas y otros grupos históricamente discriminados enfrentan obstáculos específicos en el acceso y ejercicio de funciones judiciales. En todos los países analizados se observa una subrepresentación preocupante de estas poblaciones en las altas cortes y fiscalías.
El informe ofrece recomendaciones concretas para revertir estas tendencias, entre ellas: Reformar los procesos de selección y nombramiento de magistraturas y fiscalías generales para que estén basados en mérito, idoneidad profesional y transparencia; así como aplicar marcos normativos con base en transparencia, participación ciudadana y acceso a la información pública.
Se debe garantizar la inamovilidad y estabilidad en el cargo de personas juzgadoras y fiscales, protegiéndolos de traslados o destituciones arbitrarias.
También hay que fortalecer las instancias de carrera judicial y fiscal para asegurar condiciones laborales y de seguridad adecuadas y adoptar medidas urgentes de protección para las personas operadoras de justicia que enfrentan amenazas, criminalización o exilio.
