Por: Revistaeyn.com
La Audiencia Nacional de España imputó este martes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en la causa que investiga el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.
La decisión fue adoptada por el juez José Luis Calama, quien desde marzo asumió la competencia de una investigación que comenzó enfocada en posibles irregularidades financieras vinculadas a la compañía aérea y que luego derivó en sospechas sobre presuntas operaciones de lavado de dinero procedente de Venezuela.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la agencia EFE, este martes fueron registradas la oficina privada del exmandatario socialista y otras tres sedes mercantiles vinculadas a la investigación. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno queda formalmente imputado en una causa penal de estas características.
El caso gira alrededor del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno español el 9 de marzo de 2021 a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía de capital venezolano que había solicitado apoyo financiero estatal en septiembre de 2020 alegando dificultades derivadas de la pandemia.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó entonces la operación bajo el argumento de que la aerolínea era “estratégica” para España y canalizó los fondos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la SEPI.
Operación bajo sospecha
Sin embargo, la operación quedó bajo cuestionamiento político y judicial debido al tamaño reducido de la empresa y a sus limitadas operaciones.
Según datos de Aena citados en la investigación, Plus Ultra apenas había realizado 823 vuelos en 2019 y operaba esencialmente rutas entre España y países latinoamericanos como Venezuela, Perú y Ecuador. En el momento del rescate contaba prácticamente con un solo avión operativo.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzaron a sospechar en 2024 que parte de los fondos y movimientos asociados al rescate podrían haber sido utilizados para blanquear capitales procedentes de estructuras de corrupción vinculadas a Venezuela.
La causa también vuelve a colocar en el centro del debate político español las relaciones históricas de Zapatero con el chavismo. Durante los últimos años, el expresidente español mantuvo una intensa actividad diplomática y política vinculada a Venezuela, actuando en distintos momentos como mediador internacional y sosteniendo una relación cercana con dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro.
Uno de los episodios más sensibles incorporados al expediente judicial es el denominado “caso Delcy”, ocurrido en enero de 2020, cuando la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez hizo escala en el aeropuerto de Barajas pese a tener prohibido el ingreso al espacio Schengen por sanciones europeas. Según diversas publicaciones españolas, Zapatero habría intervenido políticamente para facilitar contactos dentro del Gobierno español en ese contexto.
Impacto expansivo
La investigación también analiza reuniones mantenidas entre Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos antes de la aprobación del rescate. Versiones incorporadas al expediente sostienen que el expresidente habría presionado para destrabar la operación financiera argumentando que existía respaldo directo desde la presidencia del Gobierno.
En paralelo, durante una comparecencia parlamentaria realizada en marzo de este año, Zapatero reconoció haber facturado aproximadamente 460.000 euros por informes elaborados para la empresa Análisis Relevante, aunque negó cualquier irregularidad y rechazó haber recibido comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea.
El exmandatario también desmintió las acusaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama, quien aseguró públicamente que Zapatero habría recibido diez millones de euros vinculados a la operación y que esos fondos estarían en Panamá.
Hasta el momento, Zapatero niega todos los cargos y sostiene que no existen pruebas que acrediten actividades ilícitas. La Audiencia Nacional deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal y eventual juicio.
El caso adquiere especial sensibilidad política porque combina tres factores de alto impacto para España y América Latina: el uso de fondos públicos aprobados durante la pandemia, la presunta penetración de capitales venezolanos en estructuras empresariales europeas y las conexiones políticas construidas durante años entre sectores del socialismo español y dirigentes del chavismo venezolano.
