Por revistaeyn.com
Guatemala atraviesa un momento bisagra. Tras décadas de cooptación institucional, redes de corrupción enquistadas en el sistema judicial y un uso político del Ministerio Público, el país se encamina hacia meses que podrían definir si logra —o no— un cambio estructural en su sistema político y jurídico.
No se trata de una coyuntura aislada, sino de la convergencia de varios procesos críticos que, por primera vez en años, coinciden en el tiempo.
La salida inminente de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, la conformación de nuevos órganos judiciales y electorales, el endurecimiento de la política penitenciaria frente a las pandillas y la observación internacional activa marcan un escenario de alta expectación en materia política. En palabras del propio presidente Bernardo Arévalo, “Guatemala se juega la democracia en los próximos meses”, según declaró en una entrevista con EL PAÍS.
El fin de un ciclo en el Ministerio Público
Uno de los factores centrales del actual reordenamiento institucional es el relevo de la fiscal general Consuelo Porras, cuya gestión fue señalada reiteradamente por sostener entramados de corrupción y por impulsar maniobras judiciales contra el actual gobierno. Porras enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por acusaciones de corrupción y por socavar el Estado de derecho, y su salida abre una disputa clave por el control del Ministerio Público.
Durante los últimos años, la Fiscalía fue señalada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como una herramienta de persecución política, con causas consideradas espurias contra periodistas, líderes indígenas, jueces independientes y opositores. El caso del periodista José Rubén Zamora, encarcelado nuevamente tras haber obtenido medidas sustitutivas, se convirtió en un símbolo del uso político de la justicia.
La designación del nuevo fiscal general será, en ese sentido, una prueba decisiva para evaluar si el país avanza hacia un sistema de justicia independiente o si las redes de poder logran preservar su influencia.
Observación internacional
En paralelo, Guatemala enfrenta un proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales que será determinante para los comicios generales del próximo año.
En este contexto, una misión internacional de expresidentes, encabezada por el exmandatario costarricense Carlos Alvarado Quesada, llegó al país para observar el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de los abogados que integrarán la Corte de Constitucionalidad.
La delegación —integrada también por el ex primer ministro de Noruega Kjell Magne Bondevik y el ex primer ministro de Suecia Stefan Löfven— permanecerá varios días en Guatemala reuniéndose con representantes políticos, sociales e institucionales. El objetivo declarado es evaluar la transparencia y la integridad del proceso, según informaron el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión y el Club de Madrid.
Bondevik advirtió que “debemos evitar la injerencia de fuerzas no democráticas y de grupos corruptos”, subrayando que las instituciones que hoy se están configurando serán decisivas para la estabilidad democrática del país. La presencia de esta misión internacional refuerza el mensaje de que el proceso guatemalteco es seguido de cerca por la comunidad internacional.
Seguridad, cárceles y un mensaje político
Otro eje central del momento político guatemalteco es la respuesta del gobierno frente a las pandillas, que desde las cárceles intentaron desestabilizar al Ejecutivo mediante motines, tomas de rehenes y una ola de violencia coordinada.
Tras el asesinato de diez policías y los disturbios carcelarios, el gobierno de Arévalo avanzó con medidas de máxima seguridad, incluyendo el aislamiento de líderes criminales en celdas contenedores y el anuncio de la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad.
El presidente fue explícito en su mensaje político. “Se acabaron los privilegios”, afirmó al anunciar el traslado de jefes de pandillas a módulos reforzados, una señal dirigida tanto al crimen organizado como a sectores del Estado que, según denuncias oficiales, facilitaron durante años el control interno de las prisiones.
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, reconoció que la crisis penitenciaria expuso la connivencia de agentes del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil con los reclusos, y planteó la necesidad de una reforma institucional profunda para profesionalizar al personal y recuperar el control estatal.
“Nos estamos jugando la democracia”
La lectura política del momento fue sintetizada por el propio Arévalo en su entrevista con EL PAÍS. “En un periodo muy corto convergen una serie de elecciones críticas que no fueron diseñadas para coincidir”, explicó el mandatario, al referirse al relevo simultáneo de cargos clave en la justicia y en el sistema electoral. Para el presidente, esta coincidencia abre una oportunidad histórica: “Tenemos la posibilidad de rescatar el aparato de justicia de manos de actores criminales y corruptos”.
Arévalo no descartó nuevos intentos de desestabilización, y vinculó los motines carcelarios con estrategias políticas más amplias destinadas a forzar negociaciones y restaurar privilegios que son ilegales. Sin embargo, subrayó que la respuesta del Estado fue “contundente, pero dentro de la ley”, marcando una diferencia explícita con los modelos de “mano dura” aplicados en otros países de la región.
Un desenlace aún abierto
Guatemala se encuentra, así, ante un cruce de caminos. El resultado de los próximos meses —la elección de nuevas autoridades judiciales, la designación del fiscal general y la consolidación del control estatal sobre el sistema penitenciario— definirá si el país logra avanzar hacia una reconfiguración democrática o si las estructuras que dominaron el Estado durante años consiguen recomponerse.
Con un gobierno sin mayoría legislativa pero con respaldo internacional, y actores tradicionales que resisten perder poder, el proceso guatemalteco permanece abierto. Como advierte el propio presidente, el desenlace no está garantizado. Lo que sí parece claro es que los próximos meses serán determinantes para el futuro institucional de Guatemala.
Análisis de E&N, con información de medios locales, Infobae, El País y Agencias.
