Por revistaeyn.com
La elección de la abogada Astrid Lemus como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 marca un punto de inflexión en la tensa relación entre el Ejecutivo de Bernardo Arévalo y el Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras.
Más que una votación gremial, el proceso celebrado este jueves por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se convirtió en un nuevo pulso por el control institucional del país.
La jornada definió a uno de los cinco magistrados titulares que integrarán el máximo tribunal constitucional en el próximo quinquenio. Los otros cuatro serán designados en las próximas semanas por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República y la Universidad de San Carlos.
La CC es la última instancia en materia constitucional y árbitro final en conflictos entre poderes del Estado, por lo que su integración resulta estratégica en un contexto de confrontación política y judicial.
¿Qué se votó?
Más de 30.000 profesionales estaban habilitados para elegir al magistrado titular y suplente que corresponde designar al CANG. El resultado fue claro: Astrid Lemus obtuvo 8.920 votos, superando a Carlos Estuardo Gálvez, quien logró 7.741 apoyos. En la magistratura suplente, Luis Bermejo —compañero de planilla de Lemus— alcanzó 8.527 votos, frente a los 7.742 de Melvin Portillo.
La elección es considerada trascendental para la lucha contra la corrupción y la defensa del orden constitucional. La CC tiene la potestad de frenar actos de otros poderes del Estado, revisar decisiones judiciales y pronunciarse sobre la legalidad de actuaciones del Ministerio Público.
¿Quiénes son Lemus y Bermejo?
Astrid Lemus asumirá como magistrada titular, mientras que Luis Bermejo ocupará la suplencia. Ambos integraron una planilla que, según analistas locales, se percibe como independiente de la estructura de poder que durante los últimos años ha orbitado alrededor de la Fiscalía General.
Lemus es identificada como una jurista crítica del desempeño reciente del Ministerio Público y distante de los intereses de Consuelo Porras. Su elección rompe la expectativa de sectores afines a la Fiscalía que buscaban garantizar un perfil más cercano a esa institución en la Corte.
Intento fallido de frenar la votación
La clave jornada electoral de ayer estuvo marcada por allanamientos ordenados por el Ministerio Público en los centros de votación del CANG. Con un fuerte despliegue policial —incluyendo agentes armados y encapuchados— fiscales ingresaron a los recintos bajo el argumento de “investigar una denuncia presentada la semana anterior”.
Consultada por los motivos de esas actuaciones, la fiscal a cargo, Leonor Morales, indicó que el caso “se encuentra bajo reserva” y evitó pronunciarse sobre un eventual conflicto de interés, dado que uno de los candidatos pertenecía al propio Ministerio Público.
Morales es la misma funcionaria que impulsó acciones para intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Las diligencias fueron ampliamente criticadas a nivel nacional e internacional por considerarse una injerencia en un proceso gremial autónomo. Para sectores académicos y organizaciones civiles, el operativo representó un intento de intimidación que evocó los episodios de 2023, cuando el MP promovió acciones judiciales contra el partido Movimiento Semilla y buscó suspender su personería jurídica tras la victoria electoral.
Reacción presidencial
El presidente Bernardo Arévalo calificó los allanamientos como un “nuevo intento” del Ministerio Público por “socavar instituciones”. Tras conocerse el resultado, escribió en sus redes oficiales: “Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar”.
Para el mandatario, la elección representa un paso en la recuperación del equilibrio institucional. Desde el inicio de su gobierno, Arévalo ha denunciado lo que describe como una estrategia sistemática de desestabilización desde la Fiscalía, institución que en Guatemala posee el monopolio de la investigación y persecución penal.
La Constitución establece que el fiscal general es designado por el presidente de la República a partir de una terna propuesta por una comisión de postulación integrada por representantes del sistema judicial, la academia y el gremio profesional.
El período vigente de Porras se extiende hasta mayo de 2026, lo que ha limitado hasta ahora la capacidad del Ejecutivo para incidir directamente en el Ministerio Público.
Porras fue nombrada en 2018 por el presidente Jimmy Morales y reelecta en 2022 por el presidente Alejandro Giammattei. Ha sido señalada por no impulsar investigaciones contra ambos exmandatarios en casos de corrupción. Tanto ella como miembros de la cúpula del MP, incluida la fiscal Leonor Morales, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y socavamiento del Estado de derecho.
Un primer movimiento en el tablero
La elección de Astrid Lemus no modifica de inmediato la correlación de fuerzas en la Corte de Constitucionalidad —cuya integración se completará en las próximas semanas—, pero sí inaugura una señal política: el bloque que ha respaldado las actuaciones más controvertidas del Ministerio Público empieza a perder terreno en espacios clave.
En un país donde la justicia constitucional ha sido determinante en crisis políticas recientes, la configuración de la CC para el período 2026-2031 será decisiva para el rumbo institucional. La jornada del jueves mostró que, pese a los intentos de interferencia, los mecanismos gremiales pueden resistir presiones externas.
Para Guatemala, donde la disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía se ha convertido en el eje de la coyuntura democrática, la votación del CANG representa algo más que la elección de una magistrada: es el inicio visible de un proceso que podría redefinir los equilibrios entre poder político y poder judicial.
