Por: Revistaeyn.com
Panamá consiguió este viernes 9 de octubre uno de sus objetivos más importantes en materia de reputación financiera internacional.
El Consejo de la Unión Europea decidió retirar al país de su lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales, conocida habitualmente como "lista negra de paraísos fiscales", en reconocimiento a las reformas adoptadas para adecuar su legislación a los estándares internacionales de transparencia y tributación.
La decisión pone fin a más de seis años de permanencia en el Anexo I de la lista europea, en el que Panamá estaba incluido desde febrero de 2020.
También representa un avance para una economía cuyo posicionamiento internacional depende, en buena medida, de la confianza en su plataforma de servicios financieros, corporativos, comerciales y logísticos.
El Consejo Europeo confirmó que Panamá y Vietnam fueron retirados del listado tras introducir cambios destinados a corregir deficiencias identificadas en sus respectivos sistemas tributarios. Con esta actualización, la lista negra queda integrada por ocho jurisdicciones.
Para Panamá, sin embargo, la decisión tiene un alcance que trasciende su relación con Bruselas.
Salir de una lista internacional de alto riesgo reputacional puede reducir obstáculos en las relaciones comerciales y financieras, además de fortalecer la posición del país en la competencia por atraer capitales, instalar sedes corporativas y desarrollar actividades vinculadas con el comercio internacional.
Ese impacto adquiere especial relevancia por el papel de Panamá como centro bancario y logístico regional, con conexiones que alcanzan a las economías de Centroamérica y el Caribe.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino, que había convertido la exclusión en una prioridad de su agenda económica y diplomática, celebró la decisión como un reconocimiento al proceso de adecuación regulatoria.
No obstante, el país aún deberá completar una nueva evaluación internacional para consolidar su salida del sistema europeo de seguimiento fiscal.
¿Qué cambió para que Europa retirara a Panamá de la lista negra?
El principal argumento del Consejo de la Unión Europea es concreto: Panamá modificó el régimen de exención tributaria aplicable a determinadas rentas de fuente extranjera, una de las disposiciones que las autoridades europeas consideraban perjudiciales desde la perspectiva de la competencia fiscal internacional.
El problema no residía únicamente en el nivel de impuestos, sino en la posibilidad de que determinadas estructuras empresariales obtuvieran beneficios fiscales sin demostrar suficiente actividad económica real en el país.
Para Bruselas, este tipo de regímenes puede facilitar estrategias mediante las cuales grupos multinacionales canalizan ingresos a jurisdicciones con tratamiento fiscal favorable, aunque las actividades que generan esos beneficios se desarrollen en otros mercados.
La reforma panameña introdujo exigencias de "sustancia económica", un concepto utilizado en la regulación tributaria internacional para determinar si determinadas entidades desarrollan actividades y funciones reales que justifiquen los beneficios fiscales que reciben.
La Ley 926, publicada en mayo de 2026, estableció reglas aplicables a entidades integrantes de grupos multinacionales que perciben determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.
En términos prácticos, significa que las empresas comprendidas en la normativa deben acreditar condiciones específicas para acceder al tratamiento tributario correspondiente.
No supone que Panamá haya abandonado de manera general su sistema de tributación territorial ni que todas las rentas de fuente extranjera hayan pasado a estar gravadas. Lo que hizo fue introducir restricciones y condiciones para determinados ingresos y estructuras empresariales, en línea con las exigencias internacionales.
La Delegación de la Unión Europea en Panamá confirmó que tanto la legislación sobre sustancia económica como su reglamentación fueron elementos determinantes para la decisión.
El embajador de la UE en Panamá, Andrea Matteo Fontana, destacó que la exclusión responde a reformas verificables y al diálogo mantenido entre ambas partes.
Desde el gobierno panameño, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó que la legislación fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y elaborada con participación del sector privado.
El funcionario también reconoció que el siguiente desafío será superar una nueva evaluación internacional sobre intercambio de información tributaria. Un cambio de estatus que todavía exige compromisos.
Aunque Panamá fue excluido de la lista negra, no desapareció completamente del sistema europeo de seguimiento. El Consejo decidió trasladarlo del Anexo I al Anexo II, que incluye a jurisdicciones cooperadoras que mantienen compromisos pendientes o se encuentran en procesos de evaluación.
El paso pendiente está vinculado con el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE, que examinará el cumplimiento panameño de los estándares para responder a solicitudes de información tributaria de otras jurisdicciones.
La Unión Europea precisó que Panamá podrá salir del Anexo II cuando esa revisión confirme un nivel de cumplimiento ampliamente satisfactorio o pleno de los estándares internacionales.
Oportunidades de negocios que se consolidan
Para las empresas, bancos e inversionistas, esto puede traducirse en oportunidades en distintos ámbitos.
Primero, en las relaciones financieras internacionales. Las entidades europeas que operan con contrapartes panameñas podrán revisar procedimientos y restricciones establecidos por la anterior clasificación fiscal. Ello no significa que desaparezcan los controles ordinarios de cumplimiento, pero sí que se elimina un motivo específico de escrutinio asociado a la lista negra.
Segundo, en la atracción de inversiones. La clasificación de riesgo regulatorio es un factor que influye en las decisiones de empresas multinacionales, fondos e instituciones financieras al evaluar mercados. Una mejora en el posicionamiento internacional de Panamá puede reforzar su atractivo como sede de operaciones regionales.
Tercero, en los servicios corporativos. Panamá compite por captar estructuras empresariales, centros de servicios, operaciones comerciales y actividades financieras. La reducción de cuestionamientos fiscales puede mejorar sus condiciones de competencia frente a otras plazas internacionales.
Cuarto, en el acceso a relaciones comerciales y financieras con Europa. La exclusión puede facilitar la revisión de determinadas barreras administrativas y tributarias, aunque sus efectos dependerán de las políticas de cada entidad y de las normas nacionales aplicables.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá destacó que la decisión contribuirá a fortalecer la confianza internacional, mejorar las condiciones para la inversión y favorecer la actividad económica y el empleo.
Se trata de beneficios potenciales que deberán materializarse mediante nuevas operaciones, inversiones y relaciones comerciales.
