Por revistaeyn.com
El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el proyecto de ley 30-26, mediante el cual propone actualizar las disposiciones del Código Fiscal relacionadas con la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y adecuar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a las nuevas dinámicas comerciales.
La iniciativa, que será presentada a consideración de la Asamblea Nacional, busca avanzar hacia una mayor equiparación del tratamiento tributario entre las actividades tradicionales y aquellas que actualmente se desarrollan mediante plataformas digitales, aplicaciones y otros canales tecnológicos.
De acuerdo con la propuesta, no se pretende crear una nueva categoría de impuesto, sino ampliar y precisar el alcance de las normas vigentes del ITBMS para responder a las nuevas modalidades de producción, comercialización, intermediación y prestación de servicios que han surgido con la expansión de la economía digital.
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con las reglas para determinar cuándo un bien o servicio digital es utilizado, consumido o aprovechado dentro del territorio panameño. Para establecerlo, se contemplan distintos criterios objetivos vinculados con la ubicación del usuario.
Entre estos elementos figuran la cuenta bancaria o el instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de Internet (IP), el código de país de la tarjeta SIM y otros indicadores que permitan establecer razonablemente la localización de quien adquiere o utiliza el servicio.
Con estas disposiciones, el Gobierno panameño busca adaptar los mecanismos de determinación, cumplimiento y recaudación del ITBMS a un mercado en el que las transacciones pueden realizarse de manera transfronteriza y sin la necesidad de una presencia física tradicional.
El proyecto también contempla salvaguardas para evitar que los cambios generen efectos no previstos sobre determinadas actividades financieras, debido a que estas cuentan con un tratamiento jurídico y regulatorio específico.
La modernización del marco tributario responde, según la iniciativa, a la necesidad de preservar condiciones de mayor equidad entre los participantes del mercado, al tiempo que se fortalece la capacidad de recaudación del Estado.
Asimismo, la propuesta pretende reducir posibles espacios de erosión de la base tributaria y actualizar la legislación panameña frente a modelos de negocio que evolucionan con rapidez.
