Por revistaeyn.com
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó que su Gobierno analiza retomar el estado de excepción en determinados municipios o departamentos del país donde los niveles de inseguridad requieran reforzar los controles, una posibilidad que vuelve a colocar en el centro del debate las medidas extraordinarias para combatir la violencia.
Asfura explicó que la aplicación de la medida no sería generalizada, sino focalizada en los territorios donde las autoridades consideren necesario incrementar la presencia y los controles de seguridad. El mandatario señaló que el análisis busca identificar dónde es necesario intervenir y contar con una revisión más precisa de la situación.
“Lo estamos analizando en qué lugares que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento”, declaró el presidente, sin precisar cuáles localidades estarían bajo consideración ni cuándo podría comenzar una eventual aplicación.
La posibilidad de implementar nuevamente el mecanismo generó una reacción del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Su subcomisionado, Ricardo López, pidió al Estado garantizar los derechos de la población y recordó que una medida de esta naturaleza debe cumplir requisitos como temporalidad, proporcionalidad e idoneidad.
López también señaló que Honduras necesita mecanismos para enfrentar la violencia y el crimen organizado, pero insistió en que las acciones estatales deben mantenerse dentro de las leyes nacionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El eventual regreso del estado de excepción ocurre después de que esta medida permaneciera vigente durante más de tres años durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Fue decretada inicialmente el 6 de diciembre de 2022 y concluyó el 26 de enero de 2026, luego de sucesivas ampliaciones.
La disposición suspendió parcialmente algunas garantías constitucionales y otorgó facultades especiales a las fuerzas de seguridad para combatir estructuras vinculadas al crimen organizado. De acuerdo con los antecedentes citados en la información publicada sobre la medida, durante su vigencia se aprobaron al menos 24 prórrogas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había expresado en mayo de 2025 preocupación por las extensiones continuas y recordó que los estados de excepción deben tener carácter temporal y excepcional, además de estar sujetos a controles.
Con el análisis anunciado por Asfura, el Gobierno deberá definir ahora qué territorios enfrentarían una eventual medida, bajo qué condiciones se aplicaría y cuáles serían los mecanismos de control para garantizar los derechos de la población.
Con información de La Prensa
