Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El impacto del régimen de excepción en El Salvador podría configurar crímenes de lesa humanidad, según concluye Amnistía Internacional en su más reciente informe “Seguridad” sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
La organización sostiene que la medida, implementada en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, evolucionó hacia un mecanismo permanente marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y otras graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe, en cuatro años de vigencia del régimen de excepción más de 90,000 personas han sido detenidas y al menos 470 han fallecido bajo custodia estatal. Además, miles de familias continúan sin respuestas claras sobre la situación jurídica, el estado de salud o el paradero de sus familiares privados de libertad.
La investigación fue elaborada a partir de seis visitas de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, así como 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil, además del análisis de expedientes judiciales, requerimientos fiscales y legislación relacionada con el régimen.
“La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso. El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe también documenta testimonios de agentes policiales que describen supuestas cuotas de detención, órdenes verbales sin respaldo documental y presiones institucionales para justificar arrestos.
Asimismo, señala que las reformas procesales aprobadas durante el régimen habrían reducido los controles judiciales sobre las capturas y la prisión provisional.
“Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Los hallazgos de este informe no buscan impedir que las autoridades investiguen a personas sospechosas de cometer delitos o a estructuras criminales, sino asegurar que ello se haga en el marco de un debido proceso”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización concluye que los patrones documentados, entre ellos detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, podrían encuadrarse en el artículo 7 del Estatuto de Roma, al considerar que existirían fundamentos razonables para establecer que estos hechos forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar de manera independiente las violaciones documentadas, facilitar el acceso de mecanismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención y avanzar hacia el fin del régimen de excepción con un plan verificable que respete los estándares internacionales.
