Por revistaeyn.com
Los senadores estadounidenses Ben Cardin (D-Md.), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine (D-Va.), presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, emitieron una declaración sobre la reciente decisión de El Salvador de aprobar otra extensión de un mes del estado de excepción nacional del presidente Nayib Bukele.
Originalmente desarrollada para abordar la violencia de las pandillas, la política “viola los derechos civiles, permite arrestos masivos sin pruebas y socava gravemente la integridad del sistema judicial de El Salvador”.
La misiva señala que durante 32 meses, decenas de miles de salvadoreños han sido “detenidos arbitrariamente sin el debido proceso, presuntamente culpables, hacinados en prisiones superpobladas y sin conocimiento de los cargos que se les imputan”.
Con 83.100 personas capturadas, la Asamblea Legislativa aprobó a principios de noviembre la prórroga 32 del régimen de excepción para mantener suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución, relacionados a las garantías de defensa, periodo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
NARRATIVA FALSA
Los senadores aseguran que las familias están cortadas de la comunicación con sus seres queridos. Cientos de salvadoreños han muerto bajo custodia del Estado y muchos más han sufrido torturas o han sido desaparecidos.
“El gobierno de Bukele ha impulsado una narrativa falsa de que la seguridad debe hacerse a expensas de la democracia y los derechos humanos básicos”, dijeron en un comunicado.
Si bien las tasas de homicidios de El Salvador han disminuido durante este período, cambiar la violencia de las pandillas por la violencia sancionada por el Estado “no es una solución para una seguridad duradera”, agregan los senadores demócratas.
“El gobierno de Bukele debe restablecer el orden constitucional para el pueblo salvadoreño, poner fin de inmediato a la práctica de los juicios masivos, conceder a las personas detenidas acceso a familiares y asistencia letrada, y brindar apoyo para la reintegración de los salvadoreños inocentes injustamente atrapados en esta represión.”, manifestaron.
El régimen de excepción, que fue aprobado el 27 de marzo de 2022, cumple casi 1.000 días de vigencia en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y Amnistía Internacional han denunciado capturas arbitrarias contra personas inocentes, muertes de detenidos y prácticas de torturas durante su implementación, y violaciones a otros derechos que no están suspendidos por el decreto prorrogado.
